Tecnología y Derechos

¿Siguen los gobiernos de la UE utilizando apps de rastreo de contactos de forma ilegal? Nuevo informe

Las investigaciones de Liberties y otras asociaciones sobre las apps de rastreo de contactos en 10 países de la UE revelan que el impacto de estas fue insignificante. Los gobiernos lo achacan injustamente a los diseños respetuosos de la privacidad.

por Anna Ackermann

Cuando el COVID-19 trastocó nuestras vidas a principios de 2020, los gobiernos tuvieron que buscar formas eficaces de combatir la pandemia. Una medida importante fue rastrear las cadenas de infecciones. Enseguida, muchos países comenzaron a implementar aplicaciones de rastreo de contactos. Aunque ya se habían puesto en marcha rastreadores de contactos humanos, se pensó que las apps podían ser un complemento verdaderamente eficaz: en teoría eran más rápidas y tenían la capacidad de localizar posibles cadenas de infección que los rastreadores humanos no encontrarían.

Los gobiernos querían encontrar una solución rápida para poder regresar a la vida normal, pero muchas organizaciones de derechos humanos e instituciones académicas advirtieron a los Estados miembros que su sueño podría no hacerse realidad. Surgieron preocupaciones acerca de la eficacia de las aplicaciones, así como por las violaciones de los derechos humanos y la posible vigilancia masiva. Y aunque, por lo que sabemos, esto último afortunadamente no ocurrió, no significa que el funcionamiento continuado de las apps, al menos en muchos de los Estados miembros, esté exento de problemas.

Nuevo informe de diez organizaciones de derechos humanos

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) y nueve organizaciones asociadas han publicado un nuevo informe donde analizan cómo se introdujeron estas aplicaciones en diez Estados miembros diferentes y en qué medida los gobiernos investigaron su impacto en la lucha contra la pandemia, así como las repercusiones en la economía y los grupos vulnerables.

Además de la investigación documental, las organizaciones presentaron solicitudes de derecho a la información en las que formulaban ocho preguntas sobre el uso de las apps, el número de casos positivos detectados, si se había realizado alguna investigación y cuándo se revocaría la misma.

Estas son las organizaciones que participaron en este informe: Bulgarian Helsinki Committee (Bulgaria), Estonian Human Rights Centre (Estonia), Hungarian Civil Liberties Union (Hungría), Irish Council For Civil Liberties (Irlanda), CILD - Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili (Italia), Fundación Moje Państwo (Polonia), D3 - Defesa dos Direitos Digitais (Portugal), Peace Institute (Eslovenia), Rights International Spain (Estado español)

¿El estudio de impacto es un eslabón perdido?

Casi ninguno de los Estados miembros analizados ha llevado a cabo una investigación sobre la eficacia y el impacto social de sus aplicaciones, reduciendo así las posibilidades de control público. Esto resulta problemático, pues hay razones para creer que el el impacto de las mismas en la lucha contra la pandemia en la mayoría de los países fue insignificante o nulo. Asimismo, favorece la desconfianza de la gente en la tecnología, lo que puede condenarla al fracaso desde el principio, pues, para que una app sea eficaz rastreando contactos, debe lograr un determinado número de descargas. No es de extrañar que los Estados miembros que no fueron transparentes en sus comunicaciones, tuvieran una aceptación significativamente menor de su aplicación que los que sí lo hicieron.

Además, cuando se les preguntó por la falta de evaluaciones de impacto, los gobiernos utilizaron con frecuencia la protección de la privacidad como chivo expiatorio. Si bien es cierto que es más difícil llevar a cabo una investigación de este tipo con menos disponibilidad de datos, la excusa resulta poco convincente. Alemania fue uno de los pocos países que apostó por la transparencia, el debate público y las evaluaciones de impacto. Gracias a ello, tuvo una de las tasas de descarga más altas de Europa, permitiéndole asimismo tener más influencia en la lucha contra el COVID-19.

Por último, aunque sería recomendable realizar algunas cambios o abandonar las aplicaciones de rastreo de contactos si se revelan inútiles, la mayoría de los Estados miembros planean mantenerlas en funcionamiento hasta el "fin de la pandemia". Mantener el statu quo es problemático, ya que las aplicaciones piden a las personas, basándose en los cálculos de su algoritmo, que se queden en casa, se aíslen de sus seres queridos, se hagan las pruebas, etc. Es decir, que asuman cargas importantes basadas en cálculos que pueden no ser lo suficientemente buenos para justificar tales medidas.

Algunos gobiernos no practicaron el buen gobierno

El nuevo estudio de Liberties ha revelado que la mayoría de los Estados miembros analizados no respetaron los principios de buena gobernanza: eficiencia y eficacia, responsabilidad, apertura y transparencia, a la hora de introducir y poner en marcha las aplicaciones de rastreo de contactos. Además de no asegurarse de que fueran lo suficientemente eficientes como para justificar su funcionamiento, también dificultaron la supervisión pública. De esta forma, resulta difícil identificar los problemas que puedan tener y, por ende, puede que no se solucionen.

Algunos países incumplieron específicamente sus obligaciones:

  • En Hungría, la autoridad que se supone que controla la aplicación según el sitio web de la misma, afirma no serlo.
  • En Bulgaria, el Bulgarian Helsinki Committee tuvo que litigar para conseguir la evaluación de impacto sobre protección de datos de la aplicación.
  • En España, la evaluación de impacto sobre protección de datos publicada no se correspondía con la aplicación, lo que dificultaba mucho la supervisión de los cambios en la misma.

Recomendaciones para el futuro

Aunque la implementación de las aplicaciones de rastreo de contactos en Europa podría haber sido peor, no cabe duda de que hay que mejorar. Basándonos en nuestras conclusiones, ofrecemos las siguientes recomendaciones:

  • Para que el público tenga la oportunidad de oponerse a las nuevas tecnologías, los Estados miembros deberían probarlas siempre antes de empezar a utilizarlas.
  • Los gobiernos deben darse cuenta de que las tecnologías no pueden utilizarse como panacea para todas las emergencias sociales complejas.
  • Los Estados miembros deberían empezar a realizar investigaciones y evaluaciones de impacto de forma regular de todas las tecnologías que empleen.

Descarga aquí el informe completo