La organización de defensa de los derechos humanos ha publicado unos documentos que revelan que fue el mismo primer ministro, Viktor Orbán, quien ordenó la investigación.

La investigación supuso el hostigamiento injustificado de más de 50 ONG que funcionaban legalmente. Al final, ninguna fue acusada de ningún delito.

Al menos en un caso el tribunal admitió que el procedimiento no estaba justificado y que era ilegal.

De acuerdo con la Hungarian Civil Liberties Union [Unión Húngara de Libertades Civiles, HCLU por sus siglas en inglés], que fuera el propio primer ministro el que decidió hostigar a las ONG solo da pie a pensar que fue un ataque político contra las organizaciones civiles.

Además, el hecho de que Viktor Orbán negara tener ningún conocimiento de los procedimientos públicos contra una de las ONG afectadas en una entrevista que concedió a un periódico alemán, plantea más preguntas todavía acerca de todo este proceso.