El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha exigido al gobierno de Bulgaria que proporcione información sobre la implementación de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso de Yordanova y otros v. Bulgaria.

El caso se refiere a los varios intentos de las autoridades municipales de la capital de desalojar a un gran número de familias romanís de su único hogar en el "molino de Batalova", sin ofrecerles un alojamiento alternativo, es decir, dejándoles literalmente en la calle. .

Margarita Ilieva, directora del Programa de Defensa Legal del Comité Helsinki de Bulgaria fue quien presentó el caso al tribunal. En 2012, el TEDH emitió una sentencia en la que indicaba que el desalojo se había ordenado en base a una legislación falsa que no preveía tales medidas.

En lugar de proporcionar garantías contra la injerencia desproporcionada, el tribunal búlgaro se negó expresamente a considerar siqiuera si la interferencia era "necesaria en una sociedad democrática". El TEDH lo consideró una violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida privada y a la vida familiar.

De acuerdo con la decisión, Bulgaria debe adoptar tanto medidas individuales que suspenden los desalojos que violen la sentencia y medidas generales que corrijan la causa de la violación- la legislación defectuosa.

Deberes pendientes

Tras analizar las medidas que había tomado el Estado, la Secretaría del Consejo de Europa señaló que es insuficiente y que no cumple con la sentencia del Tribunal. El Comité de Ministros del Consejo de Europa reiteró que ante cualquier desalojo, debe considerarse previamente, y prima, el principio de proporcionalidad.

El TEDH ha invitado a Bulgaria a que presente el día 1 de septiembre de 2016, las medidas concretas que ha adoptado para garantizar que se lleven a cabo acciones proporcionales en casos de posesión ilegal y para poner fin a la incertidumbre en la que llevan viviendo los denunciantes desde hace casi cuatro años.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado a Bulgaria que modifique la ley y prácticas en cuestión y le ha recordado que todavía no ha preparado un proyecto de ley que prevea las modificaciones necesarias.

El Comité de Helsinki de Bulgaria ha instado al gobierno búlgaro a que lleve a cabo urgentemente estas reformas reguladoras y que el 1 de diciembre presente información acerca de lo que se ha hecho, además de un calendario para la adopción de las reformas legislativas necesarias.