Este Comité, encargado de velar por el debido cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, examinará al Estado español en el año 2015 y a finales de este año remitirá a las autoridades españolas el listado de cuestiones a las que deberán dar respuesta antes del examen. El documento elaborado por RIS contribuye a ese listado de cuestiones, arrojando luz sobre cuáles son los principales motivos de preocupación en materia de derechos humanos y libertades civiles y respondiendo al incompleto informe remitido por el Gobierno español en diciembre de 2012.

Nuestro Informe analiza la situación en el Estado español de distintos derechos reconocidos por el Pacto. En materia de discriminación se pone el énfasis en la falta de políticas adecuadas de lucha contra la discriminación étnica y de género, y se menciona también el problema generalizado de las identificaciones policiales por perfil étnico. El documento remitido al Comité también se detiene a explicar las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo al aplicar políticas de control migratorio, lo cual es especialmente patente en los Centros de Internamiento de Extranjeros y en los abusos y vulneraciones de la normativa de extranjería y a las obligaciones internacionales en materia de asilo que se están produciendo en la frontera sur en Ceuta y Melilla. También se refleja la situación en lo que respecta a la lucha contra la tortura en España. En este sentido, se critica la pobre regulación que se contiene a ese respecto en el Código Penal y la falta de adecuación a las normas internacionales en la actual reforma, así como la práctica de la detención incomunicada y la falta de investigación judicial de las denuncias de tortura, lo que ha dado lugar a muchas condenas a España por tribunales y organismos internacionales de protección de los derechos humanos. El informe también denuncia las trabas que siguen encontrando las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo debido a la vigencia de la ley de amnistía, la falta de políticas públicas de apoyo a estas víctimas y la inobservancia del derecho internacional de los derechos humanos por los órganos jurisdiccionales.

Como decíamos, varias son las reformas legislativas promovidas por el Gobierno que se ponen en tela de juicio en el informe por ser contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos. La reforma del aborto que actualmente ultima el Ministerio de Justicia se pone en entredicho por vulnerar distintos derechos reconocidos en el Pacto, como son el derecho a la igualdad y a la intimidad de las mujeres. En materia del derecho a un juicio justo, se mencionan varias reformas legislativas: la Ley de Tasas (ya en vigor), el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -ambas, por suponer una clarísima traba económica en el acceso a la justicia-, el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por mermar la independencia de los jueces y magistrados (esencial para garantizar un juicio justo y la aplicación del principio de legalidad), y la reciente reforma en materia de justicia universal, por cerrar la puerta de la tutela judicial y la reparación integral a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana actualmente en curso también son cuestionadas por criminalizar la protesta pacífica en España, puesto que muchos de sus preceptos suponen una vulneración a los derechos de reunión y la libertad de expresión, como ya puso de manifiesto el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Y en todas las mencionadas reformas, también se denuncian las reiteradas violaciones al derecho a participar en los asuntos públicos del que disfruta toda la ciudadanía en virtud del Pacto. En este sentido, se pone de manifiesto hasta qué punto el Gobierno está impidiendo que la sociedad civil intervenga en los procesos de reforma, utilizando procedimientos de urgencia, o introduciendo reformas por vía de disposiciones adicionales a leyes que nada tienen que ver con el contenido de tales reformas, o negando el acceso a los borradores de los anteproyectos y proyectos de ley durante la tramitación de la norma, impidiendo de este modo que la sociedad pueda analizar estas leyes y pronunciarse sobre su contenido.

Rights International Spain seguirá muy de cerca las siguientes etapas del examen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la esperanza de que el Estado español dé al fin cumplimiento a sus obligaciones internacionales.