Como parte de las nuevas medidas antiterroristas, el gobierno belga ha creado una disposición para controlar la venta de productos que puedan ser utilizados para fabricar explosivos. Los comerciantes ahora deben informar de cualquier venta sospechosa a la policía federal. La Liga Belga de Derechos Humanos, además de impugnar los criterios poco claros de la disposición y dudar de su eficacia, ha reiterado su oposición a cualquier tipo de medida que anime a que la gente denuncie a los demás, generando así un ambiente de desconfianza. Los ciudadanos no deben ser informantes de la policía.