Un tribunal de Milán ha ordenado a los Ministerios de Interior y de Economía de Italia que devuelvan las tasas que hicieron pagar injustamente a tres migrantes irregulares para solicitar permisos de residencia. El impuesto, introducido en 2011, puede ascender a entre 100 y 245 euros. En mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Lacio, tras una decisión del Tribunal de Justicia de la UE, anuló el decreto. A pesar de las dos sentencias de los tribunales, el gobierno ha seguido solicitando el pago de la tasa.