"La directiva del Retorno impide que un nacional de un país no perteneciente a la UE, que todavía no ha sido objeto de un procedimiento de retorno, sea encarcelado únicamente por haber entrado en el territorio de un Estado miembro ilegalmente a través de una frontera interior de la zona Schengen" dice una nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sin fuerza excesiva
Los migrantes en situación irregular deben, en cambio, ser devueltos al país del que proceden, en virtud de la llamada directiva del Retorno, de acuerdo con el veredicto del tribunal.
Según dicha directiva, un migrante ilegal a quien se ordena abandonar el territorio tiene hasta 30 días para hacerlo voluntariamente. Una vez pasado este plazo, la expulsión no debe implicar una fuerza excesiva o poner en peligro la vida de la persona.
El desencadenante: el caso de la migrante de Ghana
El fallo del Tribunal se debe al caso de una migrante de Ghana que fue descubierta por la policía francesa en la entrada del túnel de la Mancha utilizando un falso documento de identidad belga.
Selina Affum fue puesta bajo custodia policial por entrada ilegal en territorio francés, pero el tribunal de Luxemburgo ha declarado que la detención no se ajusta a derecho, de acuerdo con la directiva de Retorno de la UE.
La decisión del tribunal se aplica a los migrantes que cruzan las fronteras interiores de la zona Schengen y a los que salen de la misma.
Críticas y claridad a la vez
La decisión probablemente alimentará las críticas contra la política de la UE, pero al mismo tiempo aclara varios aspectos importantes de la cuestión.
La decisión no se aplica a los miembros "no Schengen" (Irlanda y el Reino Unido) ni afectará tampoco a Dinamarca, que a pesar de ser miembro de Schengen tiene la posibilidad de no aplicar las políticas de justicia de la UE.
El fallo también dice que los migrantes pueden ser detenidos hasta 18 meses si existe "riesgo de que la expulsión se vea comprometida".
La detención se permite igualmente si una persona está sujeta a una orden de expulsión y se ha negado a marcharse, o si ha intentado volver a entrar en el país de forma ilegal después de haber sido deportada, violando la prohibición de regreso.
