Observatorio de la UE

Las autoridaes búlgaras permanecen "sordas ante los derechos humanos"

El miembro de Liberties el Comité Helsinki de Bulgaria publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Bulgaria, donde ha encontrado un deterioro y estancamiento en la protección de los derechos en algunas cuestiones clave.

por Bulgarian Helsinki Committee

En 2017, por primera vez desde el inicio de la transición democrática, un partido político que rechaza los principios básicos de la democracia y los derechos humanos forma parte del gobierno. Estos políticos emplean un discurso de odio y un comportamiento agresivo hacia ciertos sectores vulnerables de la sociedad búlgara para alimentar el miedo de la población y ganar votos.

Paralelamente, el contexto mediático ha empeorado: se publica un gran número de noticias falsas, calumnias y manipulación. Esta situación ha llevado a que se desautorice y se obstaculice a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos humanos.

Estos factores han influido considerablemente en la postura del gobierno hacia los sectores más vulnerables de la sociedad: mujeres, personas con discapacidad, LGTBI, minorías étnicas y religiosas. Esta es la conclusión del Informe Anual sobre Derechos Humanos del Comité Helsinki de Bulgaria (BHC, por sus siglas en nglés). El BCH lleva realizando estos informes desde 1992.

"En general, 2017 fue un año de estancamiento en lo concerniente a la protección de los derechos humanos. En algunos aspectos fundamentales hemos observado un deterioro significativo. Las autoridades y los organismos oficiales en Bulgaria han hecho oídos sordos a los derechos humanos. La sociedad civil y las organizaciones que protegen los derechos de las personas más vulnerables no han podido plantear sus inquietudes. Esta labor está en nuestra agenda para 2018", dijo Krasimir Kanev, presidente de BHC.

BHC destaca las siguientes cuestiones en Bulgaria en 2017:

  • En 2016, Bulgaria firmó el Convenio del Consejo de Europa para la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica (el Convenio de Estambul). No obstante, hacia finales de 2017 se lanzó una campaña de manipulación y calumnia hacia el contenido de este tratado internacional, lo que llevó a que se retirase su ratificación. El Convenio de Estambul tiene los estándares más altos en la prevención y protección de la violencia contra las mujeres. La no adopción de este tratado internacional ha supuesto un fuerte descenso en la protección de las mujeres.
  • En 2017, los desalojos a la fuerza de romanís de sus únicas viviendas constituyó un problema muy grave en Bulgaria. La situación ha empeorado debido a un notable aumento del racismo, fundamentalmente en las declaraciones públicas. Los actos racistas a menudo se apoyan e inspiran en los nacionalistas extremistas del gobierno. Han pasado seis años desde la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Yordanova y otros contra Bulgaria, pero todavía no se ha puesto en práctica ninguna medida. Este caso se refería a la destrucción forzosa de las viviendas de personas romanís.
  • El dramático y constante deterioro de la libertad de expresión en Bulgaria continuó en 2017. El año estuvo marcado por una presión política sin precedentes, amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación.
  • No ha habido ningún avance en la investigación sobre la muerte de 238 niños en los hogares para niños con discapacidad intelectual. Los casos se divulgaron durante una investigación conjunta entre la oficina del fiscal y el BHC en 2010-2011. En diciembre de 2017, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura reclamó al gobierno búlgaro que reanudase las investigaciones. Para finales de 2018, el gobierno deberá publicar un informe sobre los resultados.
  • En 2017 no se realizó la tan esperada reforma sobre la detención de menores. A pesar de estar recogido en el programa oficial del gobierno, no se presentó el proyecto de ley sobre el incumplimiento de actuaciones penales para los menores y la imposición de otras medidas correctivas.
  • El proceso de desinstitucionalización sigue parado. No se ha hecho prácticamente nada en este terreno, en particular con los menores discapacitados menores de tres años. El Estado está lejos de su objetivo de reducir en un 30% el número de menores en instituciones para 2020.
  • La tendencia que llevamos años observando -permitir, aprobar e incluso elogiar los discursos que incitan al odio o promueven la violencia contra los grupos más vulnerables de la sociedad- continuó en 2017. En octubre el líder del partido ultranacionalista NFSB, Valeri Simeonov, que actualmente es vice primer ministro y presidente del Consejo Nacional de Cooperación sobre Integración y Cuestiones Étnicas, fue condenado por incitación al odio contra el pueblo romaní.
  • No ha habido ningún progreso en lo que se refiere a la libertad religiosa. Los Patriotas Unidos, una coalición que forma parte del Gobierno, presentó en el parlamento un proyecto de ley contra el "islam radical". Si se aprueba, se restringirá considerablemente la libertad religiosa de numerosas confesiones, pero fundamentalmente la de los musulmanes en Bulgaria. En 2017, fuimos testigos de una serie de ataques contra las mezquitas, y también de un aumento de actos antisemitas.
  • La falta de integración de los refugiados en Bulgaria ha continuado por cuarto año consecutivo. Es más, durante el 2017 los solicitantes de asilo denunciaron casos de hostilidad física y verbal, y también ataques y robos cerca de sus centros de vivienda. Estos sucesos nunca se investigaron. Hay un enorme descenso del número de solicitantes de asilo en Bulgaria debido a las medidas de control draconianas que Turquía estableció en sus fronteras.
  • No ha habido avances significativos respecto de los derechos LGTBI. Estas personas necesitan protección porque son uno de los sectores más vulnerables frente a la violencia y el acoso. No tienen acceso a educación para cuestiones sanitarias específicas sobre salud sexual y reproductiva de su comunidad. Además, la legislación búlgara no reconoce las parejas del mismo sexo. Otro motivo de preocupación es que casi nunca se denuncian los incidentes homófobos y tránsfobos. El código penal sigue sin reconocer los delitos de odio por la orientación sexual o la identidad de género.
  • El uso ilegal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden sigue siendo un grave problema. Una cuarta parte de los detenidos que fueron entrevistados por BHC declararon que habían sido víctimas de violencia policial durante su detención. En general, estos abusos han quedado impunes. En 2017 no se tomaron medidas en relación a las recomendaciones que el Comité Europeo contra la Tortura había hecho en una declaración pública en 2015.
  • El acceso de personal civil a ciertas instituciones para comprobar que se respetan los derechos humanos quedó restringido. A los investigadores de BHC se les denegó el acceso a los internados del país, así como a hospitales psiquiátricos y centros para la asistencia médica y social de menores. En ocasiones anteriores, la supervisión de BHC y otras organizaciones independientes ha revelado infracciones sistemáticas en estos centros. Únicamente se admitieron cuando se hicieron públicas.
  • A finales de año, descendieron las resoluciones pendientes del TEDH en comparación con finales de 2016: 262 frente a 291. Sin embargo los casos sobre los que se finalizó la supervisión en este año son relativamente triviales. Los casos sobre problemas estructurales graves relacionados con los derechos humanos en Bulgaria siguen bajo supervisión.
  • En 2017 mejoraron las condiciones de las prisiones. Se adoptaron cambios legislativos para combatir los problemas fundamentales de las cárceles búlgaras: masificación, condiciones materiales precarias y falta de higiene. Hubo importantes reformas y reparaciones en las cárceles. Durante este año se abrieron nuevas alas en las cárceles de Varna, Sliven y Belene. Los presos ahora tienen más oportunidades para cuestionar las actuaciones de la administración que les afectan.