Tecnología y Derechos

​"La información que ha solicitado no está disponible" ¿De verdad?

HRMI presentó "El derecho de acceso a la información en Lituania: retos y oportunidades", la primera encuesta de este tipo en Lituania para los residentes que desean entender mejor y proteger su derecho de acceso a la información.

by Human Rights Monitoring Institute
Flickr.com por Truthout.org, CC licensed content

Quién haya tenido que solicitar información a las instituciones del Estado lituano estaría de acuerdo que no siempre están dispuestos a brindarla. A veces no van más allá de una respuesta formal y a veces se niegan a dar información del todo.

Incluso los periodistas se encuentran a menudo con trabas burocráticas para acceder a la información pública, impidiendo que hagan su trabajo - es decir, proporcionar información exacta y de alta calidad al público de manera oportuna.

El 45% de los residentes lituanos son incapaces de obtener información de las instituciones del Estado.

Encuestas de opinión pública en Lituania indican que en el 45% de los casos, los residentes solicitando información oficial de las instituciones del Estado recibieron sólo una respuesta parcial o insuficiente, mientras que en el 7% de todos los casos no se ha recibido respuesta alguna. Un 44% de la población lituana cree que, hoy por hoy, la proporción de información no divulgada o publicada por el Estado es demasiado grande.

Incluso la prensa, que tiene la obligación de brindar información precisa y de alta calidad al público de manera oportuna, no puede acceder a la información en poder de las instituciones del Estado. Según los datos de julio del 2014, la Oficina del Defensores del Pueblo del Seimas (el parlamento lituano) recibió 10 denuncias por varios medios en las que los periodistas afirmaron que las instituciones del Estado no permitieron acceder a la información solicitada, impidiéndoles llevar a cabo sus funciones profesionales.

Nuevo estudio revela la necesidad de mejorar la legislación en materia de acceso a la información

El 2 de octubre, Human Rights Monitoring Institute (HRMI) presentó "El derecho de acceso a la información: desafíos y oportunidades", el primer estudio de su tipo en Lituania que está destinado a las instituciones que están bajo la obligación de proporcionar información o actuar como árbitros en las disputas sobre la información, así como la prensa, organizaciones no gubernamentales y los residentes lituanos que quieren entender mejor y proteger su derecho de acceso a la información.

"Las leyes que regulan el derecho de acceso a la información en Lituania tienen más de diez años. Han habido importantes avances en la protección internacional del derecho de acceso a la información en esos diez años, y como tal, la implementación del régimen jurídico e institucional en Lituania no está siempre a la par con los estándares más recientes en este campo", comentó el representante de HRMI, Mėta Adutavičiūtė, sobre la encuesta.

La encuesta se centra en el derecho de la prensa y organizaciones de la sociedad civil a acceder a la información de interés público, así como el derecho del público a esta información.

"HRMI se ha encontrado en varias ocasiones con instituciones que se niegan a proporcionar información. Es particularmente inquietante el habito que han adquirido de recurrir con demasiada frecuencia a las excepciones al acceso a la información - indicando que la información solicitada es confidencial, de naturaleza privada o, bien, citan algún otra razón. De esta manera el público pierde completamente la capacidad de acceder a esta información– a pesar de que la información sea de interés y/o importancia pública", dijo el representante de HRMI. "Es fácil abusar de las diversas excepciones para ocultar el comportamiento inapropiado o ilegal por parte de instituciones o funcionarios, por lo cual es necesario que tanto la legislación y la jurisprudencia establezcan salvaguardias adecuadas para evitarlo".

Una de las principales medidas propuestas es consagrar el "principio primordial de interés público", como se establece en el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales y los Principios Globales sobre la seguridad nacional y el derecho a la información ("los Principios de Tshwane"), en la legislación nacional y utilizar la prueba de daño a interés público en la solución de las disputas relativas a cualquier negativa a suministrar información.

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