En teoría, una firma debiera ser suficiente, sin embargo los últimos 20 años son una muestra de que los rumanos no saben aprovechar la figura de su Defensor del Pueblo, y que su oficina tampoco está esforzándose mucho por cumplir su labor.

En Rumanía es común escuchar a la gente decir: "Somos ciudadanos europeos y tenemos derechos". Esta expresión se utiliza para expresar desacuerdo o indignación ante las acciones de políticos, personas relacionadas con el poder y grupos similares.

Pero, ¿y si quitáramos la palabra "europeos" de esta frase? Los rumanos dirían, "Somos ciudadanos y tenemos derechos". Estarían en lo cierto. Todos lo sabemos, como ciudadanos de Rumanía, tenemos derechos. Estos derechos están garantizados en la Constitución, en la sección dos: "Derechos fundamentales, libertades y deberes".

Desconocimiento

Muchos ciudadanos no saben que los derechos de la Constitución pueden protegerse, omo resultado de una denuncia ex officio, de una institución que, según la Constitución, tenga exactamente ese mandato: la Oficina del Defensor del Pueblo ("Abogado del Pueblo").

"Se asignará un Defensor del Pueblo por un mandato de 5 años para proteger los derechos y los libertades de las personas", reza la Constitución. Todavía menos personas saben que cuando las autoridades públicas violan un solo derecho -como el derecho a la salud, a recibir información pública de los gobiernos locales y centrales- puede acudir al Defensor del Pueblo para que se cumpla con la justicia, antes siquiera de ir a los tribunales.

Esta es la razón por la que la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos en Rumanía - Comité de Helsinki (APADOR-CH) y dos ONG rumanas más han estado trabajando durante dos años en un proyecto cuyo objetivo es que la Oficina del Defensor del Pueblo sea más popular entre los ciudadanos y a su vez esto suponga que esta institución sea más eficiente.

Escuchar a las personas

La ONG evaluó el trabajo del Defensor del Pueblo, lo comparó con el trabajo de instituciones similares en Europa y trató de entender qué es lo que funciona y qué no funciona en su forma de organización. El proyecto señala las áreas que las ONG piensan que pueden mejorarse, y sobre todo, insta a las personas a acudir al Defensor del Pueblo cuando se violen sus derechos.

En las últimas dos semanas, las ONG visitaron todas las ciudades rumanas donde hay una oficina local del Defensor del Pueblo: Pitești, Ploiești, Oradea, Iași, Alba Iulia, Timișoara, Brașov, Suceava y Cluj. Allí hablaron con los ciudadanos sobre el mandato del Defensor del Pueblo.

Los organizadores recogieron ideas y escucharon las opiniones sobre cómo debería funcionar esta institución. Algunas personas tenían una opinión muy negativa, del tipo "no funciona", "está politizada" o "sería mejor cerrarla directamente"; otros eran un poco más positivos y decían "Necesitamos un abogado designado por el pueblo, porque así es como se llama esa institución - el Abogado del Pueblo".

Problema de imagen

La conclusión fue que al margen de los pros y contras, la gente sí sentía la necesidad de que esta institución se implique más en los problemas de la sociedad rumana, que sufre como el gobierno emite decretos de emergencia incluso cuando no hay urgencia, y en la que el sistema de salud es muy deficiente.

Esta institución lleva funcionando en Rumanía desde hace casi 20 años, pero su marco jurídico no se ha modificado apenas. La politización excesiva de la administración de la institución ha contribuido -como en el Servicio Nacional de Televisión- a la degradación constante de su imagen y a la pérdida progresiva de la confianza de los ciudadanos, que en general no creen en su utilidad o eficacia.

Los rumanos necesitan una Defensoría del Pueblo eficaz y eficiente. La eficiencia se mide por la implicación continua de la institución en todas y cada una de las denuncias que presentan los ciudadanos, que deberían tener acceso de forma sencilla y con un coste reducido.

O, como alguien planteó en la reunión de Timișoara: ¿Cúantas firmas hacen falta para convencer al Defensor del Pueblo para que haga algo, para que se implique? Lo único que hace falta es que cada ciudadano que presente una denuncia, la firme. Y los ciudadanos deben presentar denuncias cada vez que sufren una violación de sus derechos.

Y debido a que somos ciudadanos y tenemos derechos, os invitamos a ver y aprender más sobre el proyecto en drepturicivile.ro.

Mihaela Pop es licenciada en Derecho por la Universidad de Bucarest y tiene un máster en Comunicación Pública de la Universidad Nacional de Defensa. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil desde 2014, centrándose especialmente en cuestiones de derechos humanos y particularmente en la libertad de expresión. Se unió a APADOR-CH en 2015.