La apertura de las Residencias para la Ejecución de Medidas de Seguridad (REMS) y el cierre simultáneo de los Hospitales Judiciales Psiquiátricos (OPG) se ha acelerado en los últimos tres meses, después de que el gobierno designara un solo comisario para implementar la ley 81/2014.
El comisario designado, Franco Corleone, que es actualmente el Defensor del pueblo de Toscana, comenzó a trabajar en las seis regiones que no respetaron la fecha límite para implementar la ley del 31 de marzo de 2015: Toscana; Veneto, Abruzzo, Puglia, Calabria y Piemonte
Mejorar la atención a los pacientes psiquiátricos
Actualmente hay 24 REMS en funcionamiento, dentro de dos meses habrá 30. El año pasado, hubo 240 admisiones en las 24 REMS, y salieron del 133 pacientes de los centros. Este indicador es una prueba de que la idea de que los OPG son lugares de detención, cuidado y custodia se ha transformado con las REMS en un lugar terapéutico de transición.
En las REMS solo trabaja personal médico cualificado: psiquiatras, educadores, psicólogos y trabajadores sociales y de la salud. Con la nueva ley, la gestión de las REMS recae en La Autoridal Local de Salud (ASL). La idea es cuidar mejor a los pacientes. La contención mecánica no se ejerce excepto en la REMS de Castiglione delle Stiviere, y solo en casos extremos.
Medidas de seguridad
Una de las cuestiones más importantes a resolver es el nivel de medidas de seguridad de las REMS (se han presentado casi 200 instancias sobre cuestiones de seguridad en las nuevas instalaciones), también es necesario definir qué pacientes se va a atender.
El comisario Franco Corleone propone que se resuelva este dilema con una "intervención legislativa que defina los límites de uso de las REMS, no para las personas que han recibido una condena firme, sino solo para aquellas que la han recibido en primera instancia".
Respecto a los juicios pendientes, será posible priorizar el cuidado y la terapia dentro del marco de la atención penal psiquiátrica de la hospitalización forzada o de la libertad condicional. Es fundamental evitar una vuelta hacia la lógica del "asilo" contra la que ha luchado tanto la sociedad civil.
El reto no es solo legal, sino también ético, pues tiene que ver con un idea consolidada del castigo, la locura y la salud. La atención de la sociedad civil y el seguimiento de desarrollos futuros es indispensable. Es nuestra responsabilidad colectiva.
