Democracia y Justicia

Fortalecer la cooperación de la sociedad civil en Europa y más allá

Una red de más de 90 organizacioens de derechos humanos se dieron cita en Viena para debatir las mejores formas de fortalecer la voz de la sociedad civil en la organización intergubernamental más grande del mundo sobre seguridad. Aquí las conclusiones.

by Corallina Lopez Curzi

Fortalecer y construir la cooperación de la sociedad civil

Civic Solidarity Platform (CSP) una red de más de 90 ONG de derechos humanos de todo el territorio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), convocó la Conferencia Paralela de la OSCE de la Sociedad Civil 2017 en Viena los días 5 y 6 de diciembre, siguiendo la estela de las conferencias paralelas de la sociedad civil de la OSCE en Astana en 2010, Vilna 2011, Dublín 2012, Kiev 2013,Basilea 2014, Belgrado 2015 y Hamburgo 2016. La red se compromete a reunir a los actores de la sociedad civil para participar activamente en la labor de la OSCE siguiendo el espíritu de los Principios de Helsinki y contribuir a la plena realización del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de derecho en toda la región de la OSCE.

En la conferencia, activistas y expertos de Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Dinamarca, Georgia, Alemania, Hungría, Italia, Kazajstán, Kosovo, Kirguistán, Macedonia, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rusia, Serbia, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Reino Unido y EEUU participaron en debates y definieron estrategias para fortalecer la cooperación de la sociedad civil dentro y fuera de la OSCE.

Proponer recomendaciones concretas

La conferencia aprobó también, como todos los años, una serie de Documentos Finales: la Declaración de Viena "Evitar que las medidas de seguridad eclipsen los derechos humanos y el Estado de derecho" y Recomendaciones de la Sociedad Civil a los participantes de la Reunión del Consejo Ministerial en Viena. Estos documentos se presentaron y se entregaron luego de forma simbólica por dos delegadas de la CSP -Melissa Hooper de Human Rights First y Corallina Lopez Curzi de la Coalición italiana por las Libertades y Derechos Civiles (CILD)- a los representantes de las Instituciones y órganos políticos de la OSCEpresentes, incluidos el presidente austriaco saliente y el nuevo presidente italiano.

El objetivo de la Declaración de Viena es evitar que las medidas de seguridad eclipsen los derechos humanos y el Estado de derecho, destacando la importancia de los derechos humanos, que son la respuesta fundamental y no una barrera en la lucha contra el terrorismo. Las Declaración señala con gran preocupación cómo las autoridades en toda la región de la OSCE han introducido medidas que limitan los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, utilizando el conflicto como pretexto (incluso mediante el uso de "estados de emergencia" prolongados para evitar las garantías de los derechos humanos acordadas); hace un llamamiento a los Estados participantes, instituciones y órganos políticos de la OSCE para que prioricen la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

La Recomendación abordó una serie de cuestiones de actualidad, desde el problema general sobre la reducción del espacio de la sociedad civil a la situación específica de Donbas:

  • El primer conjunto de recomendaciones reitera las preocupaciones planteadas en la Declaración de Hamburgo de 2016 sobre cómo proteger y ampliar el espacio de la sociedad civil ante la dificultad cada vez mayor de que existan posibilidades de participación ciudadana en cuestiones de políticas públicas en toda la región de la OSCE. Hace un llamamiento a: las presidencias de la OSCE para que prioricen la protección de los espacios de la sociedad civil y la seguridad de los defensores de derechos humanos y consideren el nombramiento de un Representante Especial de la Sociedad Civil; a los órganos e instituciones políticas de la OSCE para que desarrollen un sistema de respuesta rápida en los casos de persecución de ONG y activistas de la sociedad civil; a la OIDDH para que vuelva a colocar en el centro de su política la protección de los defensores de los derechos humanos; y a los Estados participantes de la OSCE para que apliquen las Directrices de la OSCE/OIDDH sobre la protección de defensores de los derechos humanos;
  • El segundo conjunto de recomendaciones tiene que ver con la libertad de expresión, que se considera una de las mayores preocupaciones. En este último año, los miembros de CSP han vivido con especial preocupación el impacto de las políticas antiterroristas de los Estados sobre la libertad de expresión, debido a las crecientes restricciones a la libertad de expresión en Internet y a la violencia hacia los periodistas. Por lo tanto, recomienda la implementación de las Declaraciones conjuntas emitidas por el Representante de Libertad de prensa de la OSCE junto con los otros tres relatores internacionales, así como lo señalado en la Declaración de 2015 de CSP en Belgrado. En concreto, pide a la OIDDH y a la Oficina del Representante de Libertad de prensa de la OSCE que desarrollen una serie de recomendaciones para proteger la libertad de expresión, y la de los medios en el contexto de la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento; a los Estados participantes que se comprometen de nuevo a garantizar unas condiciones seguras para periodistas, blogueros, denunciantes de irregularidades y otras personas que ejerzan el derecho a la libertad de expresión y garanticen que se todos los ataque contra los mismos serán perseguidos.
  • El tercer conjunto de recomendaciones se refiere a la migración y la xenofobia. Varios Estados participantes han aprobado y aplicado nuevas medidas contra la migración, y en otros las políticas de migración e integración siguen siendo manifiestamente inadecuadas. La xenofobia y la discriminación están creciendo en toda la región de la OSCE con el auge de partidos populistas de extrema derecha con un discurso fuerte contra las migrantes, a la vez que crece también el discurso de odio y los delitos de odio contra migrantes y refugiados. El hecho de que la presidencia italiana entrante haya declarado que la migración es una de sus temas prioritarios da esperanza de que los esfuerzos específicos en este campo recibirán un nuevo impulso en 2018. CSP reitera por ello las recomendaciones anteriores contenidas en la Declaración de CSP de Basilea, que, entre otras cosas, pedía: que los órganos políticos de la OSCE desarrollen un plan de acción integral para combatir el racismo, la xenofobia, la discriminación por cualquier motivo, los delitos de odio y otras formas de intolerancia; que la OIDDH elaborare unas directrices completas para los Estados participantes sobre cómo abordar el racismo, la xenofobia, la discriminación por cualquier motivo, los delitos de odio y otras formas de intolerancia a través de la educación y de políticas de juventud; que los Estados participantes garanticen sin excepción, la protección internacional de los refugiados establecida en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967;
  • El cuarto conjunto de recomendaciones tiene que ver con los derechos humanos en contextos de conflicto. El CSP señaló, entre otras cosas, cómo la protección del espacio de la sociedad civil debería abordarse como una cuestión de prevención de conflictos, pidiendo por ello a los actores de la OSCE que tengan en cuenta que los cambios legislativos y políticos represivos que afectan al espacio de la sociedad civil son las primeras señales de advertencia de una crisis de dimensión humana que puede llevar a la desestabilización y al desarrollo de una situación de conflicto;
  • El quinto conjunto de recomendaciones hace referencia a la tortura y a las desapariciones forzadas, que siguieron figurando entre las peores violaciones de los derechos humanos en muchos Estados de la OSCE en 2017, con índices de persecución extremadamente bajos que fomentan un ambiente de impunidad. Además, los gobiernos justifican cada vez más el uso de la tortura y los malos tratos relacionándolos con cuestiones de seguridad en un contexto de medidas para prevenir el terrorismo. En las reuniones del Consejo de Ministros en Basilea, Belgrado y Hamburgo, los Estados participantes no lograron llegar a un acuerdo de lucha contra la tortura. Por ello CSP insta a que la nueva presidencia italiana y eslovaca garantice que la prevención de la tortura será una de las prioridades de la OSCE, para quizá adoptar un acuerdo en el Consejo de Ministros de Milán en 2018.Asimismo, la cuestión del acceso a la justicia para las víctimas de desapariciones forzadas también requiere especial atención.
  • Se formularon más recomendaciones relacionadas a la necesidad de tener en cuenta las implicaciones de género en las actividades de la OSCE, la importancia de fortalecer el trabajo de la OSCE en una dimensión humana y la necesidad de una acción urgente respecto al conflicto de Donbas.

La presentación de las recomendaciones

El Presidente de la OSCE en funciones y el Ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Sebastian Kurz, recibieron las recomendaciones de la sociedad civil a las estructuras ejecutivas de la OSCE y los Estados participantes, en vísperas del 24º Consejo Ministerial de la OSCE.

"Agradezco a Civic Solidarity Platform sus esfuerzos incansables y su buena cooperación durante nuestra presidencia", declaró Kurz al recibir las recomendaciones. "Estoy muy contento de que la declaración de Civic Solidarity Platform se centre en la cuestión de contrarrestar la radicalización y el terrorismo, respetando plenamente los derechos humanos y el Estado de derecho. Vuestra evaluación y llamamiento a los Estados de la OSCE a garantizar que tales medidas antiterroristas y antiextremistas no se utilicen indebidamente como pretexto para tomar medidas drásticas contra las voces independientes y críticas es fundamental".

Junto al presidente en funciones de la OSCE en la sesión de clausura de la conferencia estuvieron también el coordinador de la presidencia italiana en 2018 en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Alessandro Cortese; el subdirector de la Misión Permanente de la República Federal de Alemania ante la OSCE, Heinrich Haupt; el secretario general de la OSCE, Thomas Greminger; la directora de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir; y el Representante de la OSCE para la Libertad de prensa, Harlem Désir.

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