Sarah y Kristiina se casaron en Estados Unidos en 2015 y decidieron trasladarse a Estonia. El 16 de abril, el Tribunal Supremo de Estonia anunció su resolución de no tramitar el recurso de Sarah, lo que significa que la sentencia del tribunal de distrito -que dictaminó que el Estado de Estonia no reconoce el matrimonio de Sarah y Kristiina, gracias al cual podrían tramitar un permiso de residencia permanente- sigue vigente.

Poco después de la resolución del Tribunal Supremo, la Policía y la Guardia Fronteriza (PPA) decidieron retirar el permiso de residencia de Sarah. Cuando ocurre esto, los ciudadanos tienen solo unas horas para abandonar Estonia y todo el espacio Schengen. Es decir, que Sarah corría un alto riesgo de tener que dejar a su mujer y su trabajo, y gastar mucho dinero para volver inmediatamente a Estados Unidos.

Acuerdo de convivencia

Sarah trabajaba en un antiguo café de Tallín, pero tuvo que pedirse horas en el trabajo para poder ir al PPA, donde le comunicaron que, por el momento, podía permanecer en Estonia gracias al programa de libre visado entre Estonia y Estados Unidos. No obstante, esta forma de permanecer en el país no permite el derecho a trabajar, por lo que Sarah tendrá que dejar su trabajo, lo que supondrá un duro golpe para la situación económica familiar.

Tras manifestar claramente el Estado de Estonia que el matrimonio de Sarah y Kristiina no es válido, el siguiente paso es firmar un acuerdo de convivencia. En el momento de su boda todavía no existía esta posibilidad. El Tribunal Supremo dictaminó la semana pasada que la ley de convivencia es válida y está en vigor, por lo que el siguiente paso para la pareja será solicitar un permiso de residencia permanente para Sara sobre la base del acuerdo de convivencia.

El Centro Estonio por los Derechos Humanos tiene conocimiento de la existencia de numerosas familias en Estonia -en las que uno de los miembros de la pareja no es ciudadano estonio- que están intentando encontrar un notario que les firme un acuerdo de convivencia. Esta situación es injusta e indigna para estas familias. En definitiva, la vida de las parejas del mismo sexo que respetan la ley y pagan sus impuestos se está complicando hasta el punto de que se les podría expulsar del país.

Luchar por el amor y la familia

Según el canciller de Justicia, la igualdad de trato en la tramitación de los acuerdos de convivencia se encuentra tanto en la Constitución de Estonia como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En 2016, el parlamento apoyó la propuesta del canciller para modificar la Ley de Extranjería, con el fin de garantizar el permiso de residencia a las parejas del mismo sexo de los ciudadanos estonios. 42 parlamentarios estuvieron a favor de la propuesta, 19 en contra y 3 se abstuvieron en la votación. El anteproyecto para las enmiendas sigue estancado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del parlamento, y la vida de estas familias todavía no ha mejorado.

Sarah y Kristiina no se dan por vencidas y seguirán luchando por la justicia, sus derechos, la familia, el amor y por todas las parejas que están en su situación. El Centro Estonio por los Derechos Humanos las ayudará en ello, al igual que su abogado, quien fundamentalmente trabajó en el caso de forma voluntaria.

Todos los gastos relacionados con el caso se cubrirán con la ayuda de donaciones.