Unas condiciones de vida dramáticas y violaciones sistemáticas de derechos humanos: esa es la situación en el punto caliente de Lampedusa que descubrió hace solo unos días una delegación de abogados, investigadores y mediadores culturales de la Coalición por las Libertades y los Derechos Civiles (CILD) -miembro italiano de Liberties-, la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI) e Indiewatch.

"Nuestra delegación descubrió que no existen comedores en el punto caliente. La comida -que se ingiere en la sala o fuera- es de muy mala calidad. Los baños improvisados no tienen puertas y los colchones están sucios", declararon Gennaro Santoro (CILD) y Giulia Cresceni (ASGI). "Existen dificultades para formalizar las solicitudes de protección internacional y no se emiten permisos de residencia para solicitantes de asilo. De hecho, las personas solicitantes no pueden dejar la isla y están obligadas a vivir en el punto caliente durante varios meses. Eso a pesar de que las instalaciones se diseñaron como lugares donde sacar fotografías a las personas migrantes y tomar sus huellas dactilares en las 48 horas posteriores a su desembarco, un periodo que puede llegar a ampliarse hasta un máximo de 72 horas".

Atrapadas en Lampedusa

La imposibilidad de abandonar la isla crispa la condición de las personas internas; de hecho, como solicitantes de asilo, tendrían la posibilidad de moverse con libertad por el territorio italiano.

No obstante, que la Administración pública no esté emitiendo permisos de residencia para solicitantes de asilo provoca una violación grave del derecho a la autodeterminación, la libertad de movimiento y la libertad personal.

Además, los abogados defensores ni siquiera pueden acceder a las instalaciones para comunicarse con sus clientes.

Condiciones inhumanas

"La ausencia absoluta de seguridad personal es particularmente preocupante", explicaron Santoro y Crescini. "De hecho, causa una violación grave de derechos fundamentales, que empeora todavía más si las personas migrantes pertenecen a categorías más vulnerables, como pueden ser los menores (ya sea con sus padres o no acompañados), a los que se obliga a vivir con adultos, en su mayoría varones".

En la actualidad, se alberga a 180 personas en el centro, de las cuales 165 son hombres adultos solos. Cada persona puede entrar en las viviendas con libertad, que están situadas una al lado de la otra y no existe un sistema de seguridad para controlar quién puede entrar y quién no.

Todas las personas internas duermen en salas grandes donde solo hay colchones, sin armarios, mesas ni estanterías de ningún tipo. Las pertenencias de quienes allí se quedan están sobre las camas. Los colchones están hechos de una delgada capa de espuma, que suele estar dañada y con escasas condiciones higiénicas. Casi nunca hay sábanas y, cuando las hay, están hechas de papel y se cambian después de varias semanas, cuando ya no queda duda de que están rotas y son irreparables.

"Encontramos a una niña y a sus padres, que llevaban varios días en un pasillo con otros hombres solos. La mujer informó de que había sido víctima de un intento de violación por parte de otro interno de las instalaciones. La hija, que estaba presente durante la agresión, tenía como un ataque de pánico a causa de la ansiedad y el miedo. Durante las dos horas siguientes, la niña estuvo inconsciente hasta que al final la llevaron a la consulta médica dentro de las instalaciones", dijeron Gennaro Santoro y Giulia Crescini.

La misma niña y su madre fueron heridas los últimos días durante enfrentamientos entre algunos internos y la policía, que intervino después de que se empezara a arder el centro.

"En vista de esos hechos, hemos solicitado de manera formal a las autoridades competentes que transfieran algunas de las familias y otras personas vulnerables (mujeres, menores no acompañados y enfermos) a instalaciones adecuadas. Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta de las autoridades con las que contactamos", añadieron Santoro y Crescini.

La dramática situación que encontró la delegación en el punto caliente es la misma de la que informó Mauro Palma, responsable nacional italiano para los derechos de las personas privadas de libertad, hace apenas unas semanas. Miles de personas pasan por estas instalaciones cada año.