En primer lugar, Nils Muižnieks, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, se refirió a las normas que rigen el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS por sus siglas en polaco) y la reorganización de la estructura del Consejo.
Los legisladores polacos han propuesto autorizar a la Sejm, la cámara baja del Parlamento, a designar a 15 de los 25 miembros que forman parte del KRS. La enmienda propuesta introduce también un procedimiento que deja los poderes de nombramiento judicial del KRS en manos de dos asambleas: un organismo compuesto mayoritariamente por políticos; y un panel compuesto de jueces designados por políticos.
"En mi opinión, un procedimiento de este tipo plantea problemas respecto al principio constitucional de separación de poderes y a la independencia del poder judicial, pues implica de facto que el poder de nombrar miembros del KRS se transfiere del poder judicial al legislativo", señala Muižnieks.
En su carta, Muižnieks recuerda las normas internacionales que garantizan la independencia de los consejos nacionales del poder judicial, incluidas las recomendaciones de la Comisión de Venecia, los principios que desarrolló la Red Europea de Consejos del Poder Judicial o las recomendaciones de 2010 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, que remarcan que al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles de la judicatura y en base al respeto al pluralismo dentro del poder judicial.
Un proceso demasiado "politizado"
El Comisario de Derechos Humanos advierte que la creación de dos asambleas con autoridad para nombrar jueces, incluida una compuesto mayoritariamente por políticos, provocará "un alto riesgo de paralizaciones y politización de la toma de decisiones, permitiendo que cada asamblea bloquee el proceso de nombramiento judicial".
El Comisario observa que en el equilibrio actual de poderes políticos, la creación de un mecanismo basado en dos asambleas significa de hecho que el legislativo y el ejecutivo tendrán un papel decisivo en el nombramiento de los jueces.También subraya que esta organización de la funcioón del Consejo Nacional del Poder Judicial no tiene fundamento en la Constitución polaca.
La enmienda propuesta también acorta el mandato de los jueces que son actualmente miembros del Consejo. Según Muižnieks, esto conduciría a una situación en la que el poder legislativo se diera el derecho de poner fin al mandato de los órganos constitucionales cuya independencia debería garantizarse.
"La disposición propuesta puede interferir directamente con las garantías del Artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un juicio justo) pues los miembros actuales no podrán impugnar la terminación de su mandato ante un órgano judicial", advierte Muižnieks.
La independencia judicial violada
La carta de Muižnieks también recuerda que la propuesta de enmienda a la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial polaco ha sido criticada por muchos organismos internacionales y entidades relevantes, entre ellos la Oficina de la OSCE de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) o varias intituciones nacionales entre las que se incluye el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y el propio Consejo Nacional del Poder Judicial.
"Confiar el nombramiento de miembros del Consejo Nacional del Poder Judicialen el poder legislativo y permitir que los poderes legislativo y ejecutivo ejerzan un control decisivo sobre la selección de los jueces (...) supone una infracción de la independencia de un organismo que es el garante constitucional de la independencia judicial en Polonia", subraya Muižnieks.
Para leer la carta completa (en inglés) pincha aquí.
