A pesar del que dos tribunales habían bloqueado la deportación del ciudadano turco Abdullah Buyuk, alegando que Turquía le requería por "razones políticas" y que no existía garantía de un juicio justo, el Ministerio de Interior entregó a este empresario de 43 años a Turquía sin darle una oportunidad de que se defendiera. ONG y activistas han criticado la acción del gobierno búlgaro, señalando que la deportación es una humillación y un "trato con el demonio".