La víctima, cliente de la Unión de Libertades Civiles de Hungría (HCLU), fue detenido y llevado a comisaría en 2010. Tras su liberación, presentó un denuncia en la que afirmaba que durante las 12 horas de la detención e interrogatorio fue brutalmente agredido y humillado por seis policías y dos guardias de seguridad para forzarle a firmar una confesión.

La policía le dijo al hombre: "No nos importa si caes muerto. Al menos habrá un gitano menos". El incidente tuvo un impacto psicológico devastador para el hombre.

Unas horas después de su puesta en libertad, el hombre tuvo que ser hospitalizado. Según el informe médico del hospital, sufrió lesiones en el cráneo, nariz, hombro, cadera, brazo, mano y muslo. La investigación que se inició basada en su denuncia fue concluida por la oficina fiscal que mantuvo que no se podía demostrar fuera de toda duda razonable que la agresión había sido cometida, de facto, por los sospechosos.

Racismo institucional

Asesorado por HCLU, la víctima agraviada se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunció una violación de la prohibición de tortura y trato degradante e inhumano (Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y del principio de no discriminación.

El Centro Europeo de Derechos del Pueblo Romaní (ERRC) intervino en el procedimiento para apoyar el caso de este hombre. ERRC solicitó que el Tribunal tuviera en cuenta la existencia de racismo institucional en el país.

La sentencia del TEDH dictaminó que el Gobierno de Hungría no había logrado refutar la afirmación del denunciante de que las lesiones se habían producido en la comisaría. Además, sostuvo que la investigación llevada a cabo por las autoridades húngaras no había sido eficaz, ni tampoco había analizado los posibles motivos racistas del suceso.