El lunes, el periódico belga La Libre Belgique, publicó un artículo sobre la situación de las personas desempleadas que experimentan dificultades a la hora de encontrar un trabajo.

El artículo cuenta la historia de Étienne, entre otros, que describe la situación de muchas personas desempleadas con una capacidad de trabajo reducida y a quienes se obliga a dejar el sistema de seguros porque han llegado al final del camino hacia el empleo que se les había ofrecido.

Una orientación confusa

Estas historias y el continuo endurecimiento del sistema de seguros, preocupan a la Liga Belga de Derechos Humanos (LDH), que en repetidas ocasiones ha dado la señal de alarma cuando se creó la categoría "MMPP". Esta categoría se refiere a cualquier persona desempleada que tenga una enfermedad "médica, mental, psicológica y/o psiquiátrica".

Aunque la categoría resalta problemas que a veces son reales, también tiene un peligroso efecto de estigmatización sobre este tipo de desempleados. Cuando se creó, los esquemas de orientación que se ofrecieron a estas personas desempleadas eran confusos.

Hace pocos años, vimos como aumentaba la tensión entre políticos y líderes económicos en torno a dos opciones: no apoyar a un "ejército de reserva" de personas desempleadas a las que se consideraba improductivas y a las que el ONE (servicio nacional de empleo) podía penalizar y excluir de los beneficios a desempleados; u ofrecer apoyo y orientación a aquellos que sufran de una discapacidad que les impida trabajar, con vistas a una rehabilitación profesional. Parece ser que las autoridades han elegido la primera.

Reformas caóticas

Las reformas del gobierno para la activación del procedimiento para las personas desempleadas que no pueden trabajar, hacen imposible limitar el desmantelamiento social que ha resultado de la activación generalizada de las personas desempleadas con capacidad reducida para trabajar. En los últimos años, las reformas que se llevaron a cabo en el campo de los seguros de desempleo han empujado a una gran cantidad de personas desempleadas a pedir la intervención de la atención médica y los beneficios de los seguros médicos, y en caso de ser rechazados, dirigirse al sistema de asistencia social.

Como el gobierno considera establecer un servicio público en el área de los seguros de desempleo como servicio público, como ya hizo con el derecho a la integración social, LDH, sugiere que debería dar un paso atrás y pensar acerca de la coherencia general de las reformas existentes en relación al sistema de la seguridad social.

La Liga de Derechos Humanos también señala el papel que juega en la protección del derecho fundamental a la seguridad social y recuerda al gobierno que la mejor manera de conseguir su objetivo es promover un sistema de seguros fuerte.