Las autoridades municipales de Roma desalojan a la fuerza y dejan en la calle a 500 romanís, entre ellos, mujeres embarazadas, ancianos, personas enfermas y niños. Esta acción municipal supone una violación de la ley internacional y de los derechos humanos y deja a familias enteras en una situación de crisis, desesperación y alta vulnerabilidad, sin ofrecer ninguna solución alternativa. El desalojo no fue notificado oficialmente y las familias no lo supieron con antelación. Tan solo 11 mujeres y niños han sido realojados en centros del Estado, todos los demás se han quedado en la calle.