Más de 100.000 personas han firmado una petición exigiendo la dimisión del Defensor del pueblo rumano. Están indignados porque Víctor Ciorbea recurrió ante el Tribunal Constitucional una ley de 2001 que prohíbe que las personas que hayan sido condenadas por un delito penal puedan formar parte del gobierno, una medida que ayudaría al líder del partido gobernante a convertirse en primer ministro. Acusan a Ciorbea de estar al servicio del gobierno y no representar al pueblo, pero él insiste que está cumpliendo con su deber y alega que esa ley es ambigua y es preciso revisar su constitucionalidad.