A principios de agosto, un tribunal de Amsterdam y la Agencia de Protección de Datos de Países Bajos, clarificaron que los municipios no pueden obligar a los trabajadores sexuales a proporcionar información personal confidencial cuando se registran, tampoco durante la conversación en el proceso de registro, diseñado para proteger a un grupo vulnerable de la explotación. Los trabajadores sexuales tienen derecho a la privacidad y la protección. La prohibición coloca a los municipios en un lugar difícil. Quizá el objetivo más importante de la política social es luchar contra la explotación.