El acceso a la justicia en Croacia está significativamente limitado por obstáculos financieros, tanto la fase inicial de asesoría jurídica como los procedimientos legales mismos. Esto pone en tela de juicio el ejercicio del principio fundamental del Estado de Derecho: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El sistema de asistencia jurídica croata debería proteger a los ciudadanos pobres, pero, como señala la Defensora del Pueblo, aunque existe un marco regulador de calidad, es ineficaz y no responde a las necesidades de las personas para quienes está destinado.