Un tribunal lituano detiene los abusos de las cámaras de vigilancia

La decisión significa que no se permite que la gente controle los bloques de apartamentos o sus alrededores de forma arbitraria, instalando cámaras de vídeo sin tener el consentimiento de sus vecinos.

El Tribunal de Distrito de la Ciudad de Vilna ha sentenciado que el propietario de los locales comerciales situados en un bloque de apartamentos, violó el derecho a la intimidad de sus vecinos al instalar no menos de ocho cámaras de vigilancia sin su consentimiento.

El propietario argumentó que trataba de proteger su propiedad y que las cámaras estaban apagadas pero sus ruegos no consiguieron persuadir al tribunal.

Te graban cada vez que entras en tu casa

El propietario, que tenía un amplio historial de disputas con sus vecinos, instaló tres cámaras en la escalera principal y cinco fuera del edificio. Las cámaras controlaban ambas entradas, la acera, el aparcamiento e incluso la entrada a uno de los pisos. Esto significaba que los residentes, básicamente, no podían llegar a sus casas sin ser grabados.

De acuerdo al tribunal, los vecinos (que también eran los denunciantes en el caso) mostraron claramente que no habían dado su consentimiento para ser grabados. De hecho, incluso se quejaron a la Inspección Nacional para la Protección de Datos sobre la situación. Al mismo tiempo, el denunciado, dispuso la vídeovigilancia de tal manera resultaba imposible para entrar en el edificio sin que se les grabara en contra de su voluntad.

Las vidas privadas de los vecinos

El tribunal falló que esto, no solo viola el derecho a la imagen, sino también el derecho al respeto de su vida privada:

"Controlando la escalera y las entradas a los pisos, el acusado inevitablemente recopila información adicional acerca de la vida privada de los vecinos, lo que supone una violación mayor que el simple derecho a la imagen: a qué horas entran y salen y cada cuánto tiempo, cuánto tiempo permanecen en casa, qué tipo de personas les visitan y cada cuánto tiempo reciben invitados, etc."

El tribunal estableció que se estaba violando el derecho a la vida privada y ordenó que se retiren las ocho cámaras, y la prohibición de que se coloquen cámaras en el futuro sin obtener primero el consentimiento escrito de todos los residentes del edificio.

No se respeta la intimidad

El Human Rights Monitoring Institute (HRMI) actuó como contraparte, apoyando a los denunciantes.

Karolis Liutkevičius, que representó a HRMI en el juicio, celebró la decisión, pues señala que la ley lituana no es suficientemente clara respecto al uso de cámaras de vigilancia por parte de particulares.

"Hay muchos casos de abusos en los que las cámaras se utilizan sin respetar la intimidad de aquellos que viven cerca. Por ello, estamos contentos de que el tribunal sentenciara de acuerdo al derecho humano a la intimidad, sentando un precedente para situaciones similares en el futuro."