¡Victoria para la privacidad! Estonia revisa su ley de retención de datos

Tras años de presión por parte del Centro de Derechos Humanos de Estonia y otros, el Ministerio de Justicia estonio ha elaborado un borrador para enmendar la disposición de la Ley de comunicaciones electrónicas que obliga a la retención masiva de datos.

El Centro de Derechos Humanos de Estonia (EHRC por sus siglas en inglés) lleva desde 2014, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró inválida la directiva sobre retención de datos en la que estaba basada la ley estonia, pidiendo que se modifique. En Estonia, los metadatos de las comunicaciones (incluidos los datos de localización confidenciales) se utilizan tanto para luchar contra delitos graves, como para delitos y faltas menores, así como en juicios civiles.

La propuesta reconoce que el actual sistema de retención de datos de las comunicaciones no se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. La propuesta incluye un breve esbozo de un sistema escalonado y proporcional para la retención y el uso de los datos, aunque no es muy detallado.

El Centro de Derechos Humanos de Estonia declaró en su dictamen sobre la propuesta que nadie gana si los derechos humanos y la seguridad interna están enfrentados. La vigilancia masiva (incluida la retención masiva de datos) viola la confianza entre los ciudadanos y el Estado y, por lo tanto, no debería emplearse en una sociedad democrática.

EHRC declaró asimismo que no debería existir un requisito de retención general indiscriminada para los proveedores de servicios de comunicaciones y que la ley debería limitarse a regular si, cuándo y cómo se puede acceder y utilizar en casos concretos a los datos de comunicaciones ya procesados y almacenados por los proveedores de telecomunicaciones. Por ello, insiste en la necesidad de mejorar la supervisión y notificación.

EHRC también planteó la cuestión de que las disposiciones de la ley que no se ajustan a las normas no deberían aplicarse hasta que se establezca un nuevo reglamento que proteja contra las violaciones de los derechos humanos.