Tecnología y Derechos

​Derechos Miranda y la UE

Todos los miembros de la UE tenían hasta el 2 de junio de 2014, para aplicar una nueva Directiva sobre el derecho a la información en los procesos penales. Sin embargo, países como Rumania tienen todavía un largo camino por recorrer antes de alcanzar su e

by The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee

Han pasado casi 50 años desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció, en el famoso caso Miranda, que un acusado o un acusado no puede ser cuestionado antes de ser informado de su derecho a guardar silencio y a tener abogado. Testimonios obtenidos de manera contraria no pueden formar parte de la evidencia expuesta durante el juicio.

Carta de los derechos

El mismo principio se refleja en la nueva Directiva Europea del 2013 sobre el derecho a la información durante los procesos penales. La Directiva exige que las autoridades policiales den a toda persona arrestada o detenida una "carta de derechos" por escrito que deberá incluir información sobre los derechos fundamentales como el derecho a ser asistido por un defensor, el de estar informado de los cargos, el derecho a permanecer en silencio, etc.. La carta debe ser redactada de una manera que resulte fácilmente comprensible y debe proporcionarse a la persona interesada, asegurándose de que la persona tiene la oportunidad de leerlo y guardarla. La Directiva prevé incluso una muestra de dicha carta. La fecha límite para implementar la Directiva de la UE, para todos los Estados miembros, era el 2 de junio del 2014.

La Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos en Rumania está actualmente en proceso de evaluar su aplicación en todos los Estados miembros, junto con la organización británica Fair Trials International y otros socios de toda la UE. Parece que en Rumania no existe tal carta de derechos. Sin embargo, en el proceso de implementación, una nueva disposición se incluyó en el código de procedimiento penal (artículo 209 (17)), que establece que todos los detenidos deben recibir, por escrito, información sobre sus derechos.

Sin embargo, la práctica de la comunicación de dicha información no es uniforme: al parecer, en la práctica, a la mayoría se les pide firmar un documento declarando que son conscientes de las disposiciones del artículo 83 del código de procedimiento penal, aunque a veces las disposiciones se les leen, o están escritas en el papel que están firmando... todo depende del agente de policía que está gestionando la situación. Por lo tanto, la práctica actual puede llevar a abusos y no garantiza el suministro de información sobre los derechos del acusado.

Las confesiones de personas inocentes

En un estudio realizado en Estados Unidos que examinó los casos de personas acusadas y que luego se demostraría que eran inocentes en base a pruebas de ADN, fue demostrado que aproximadamente el 30% de estas personas confesó haber cometido el crimen antes de que su inocencia fuese establecida a través de pruebas de ADN. Por lo tanto, en casi el 30% de los casos, personas confesaron crímenes de los cuales no eran culpables de haber cometido. Es difícil entender por qué una persona inocente confiese a haber cometido un delito, y es difícil determinar si esa persona hubiera ido a la cárcel si las pruebas de ADN no estuvieran disponibles. Pero es un buen ejemplo para entender por qué es importante el derecho a permanecer en silencio, y por qué los acusados deben ser conscientes de este derecho para que sea eficaz.

Estos derechos fueron creados principalmente debido a los vacíos legales observados en la práctica judicial. No es suficiente, sin embargo, simplemente reconocer su existencia; También tenemos que asegurarnos que se utilizan con eficacia para la prevención de abusos. Muchos de nosotros puede que seamos conscientes de nuestro derecho a permanecer en silencio, sin embargo, es aún más fácil hacer uso de ese derecho al tener algo "en mano", como una carta de derechos. Esto podría ayudar a la gente sentirse seguros y no confesar haber matado a un vecino que está vivo, como sucedió en el famoso caso de los hermanos Boorn.

Para el 2 de junio de 2015, la Comisión Europea tendrá que informar sobre cómo se ha implementado la Directiva. Es nuestra esperanza que por aquel entonces, países como Rumania habrán hecho un esfuerzo para asegurar que todas las personas detenidas son conscientes de sus derechos y no están siendo abusados.

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