El caso de la protesta belga en un avión: la solidaridad no debería ser una acción punible

Un alcalde belga se enfrenta a una demanda por su protesta en un avión contra una deportación, pero la Liga de Derechos Humanos dice que la expresión pacífica no debería ser una acción punible.

Se ha presentado una demanda penal contra el alcalde de Saint-Josse, Emir Kir, por incitar a la revuelta en un avión, después de que iniciara una protesta a bordo contra la deportación de una mujer.

La demanda fue presentada a petición del Ministro del Interior belga, Jan Jambon y el Secretario de Estado de Inmigración y Asilo, Theo Francken.

'Violencia insoportable'

El pasado mayo, el alcalde Kir viajaba de pasajero en un vuelo de Air Maroc cuando intentó impedir la deportación de una mujer nigeriana. La mujer estaba gritando y llorando y otros pasajeros se unieron a la protesta de Kir.

Más tarde relató a la prensa que él y otros pasajeros respondieron a la "insoportable violencia física y psicológica" que sufría la mujer.

La Liga de Derechos Humanos belga (LDH) considera que la reacción de los pasajeros, Emir Kir incluido, representa una acción saludable en cualquier democracia. LDH también denuncia la demanda penal presentada contra el alcalde.

Este tipo de persecución criminaliza la expresión pacífica de una opinión, y a menudo, como en este caso, se aplica a situaciones que se pueden legítimamente considerar escandalosas. De hecho, las diputadas Sofia Bouarfa, Fatiha Saidi y Gisèle Mandail se han unido al alcalde Kir en la condena de las acciones de las autoridades en este caso.

Medidas desproporcionadas

Este tipo de criminalización lleva a la aplicación de medidas desproporcionadas, incluyendo restricciones como la prohibición de viajar que ocasiona daños económicos y morales (como en la acción contra Fosso Ngajui en 2008).

La amenaza de una demanda penal (una amenaza que se ha materializado contra el alcalde Kir) para castigar la expresión de la indignación o una acción de desobediencia civil supone una presión perniciosa e inaceptable. Puede hacer que las personas con objeciones legítimas duden a la hora de expresar su desacuerdo.

En una democracia real, estos ciudadanos y sus valientes acciones de protesta deberían ser tomados como ejemplo en lugar de ser castigados.

Para más información, lea la entrevista (en francés) con Alexis Deswaef, presidente de la LDH, publicada en Le Soir el 22 de mayo.