Sentencias desproporcionadas para los líderes catalanes, señalan organizaciones italianas

Antigone y la Colaición Italiano por las Libertades y Derechos (CILD) han expresado su preocupación respecto a las sentencias del Tribunal Supremo español, debido a que son demasiado duras para crímenes no violentos.

Asociaciones "desconcertadas"

Patrizio Gonnella (presidente de Antigone) y Arturo Salerni (presidente de CILD) han hecho pública una declaración en la que afirman que "Antigone y la Coalición Italiana por las Libertades y Derechos Civiles están desconcertadas por la sentencia del Tribunal Supremo español, que ha condenado a varios políticos y representantes de la sociedad civil catalana, que han sido juzgados por los hechos relacionados con el referéndum sobre la independencia catalana, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, a un total de más de 100 años de prisión".

Ambas asociaciones se han unido a International Trial Watch, un observatorio independiente creado para supervisar el juicio, participando en algunas de las audiencias celebradas en el Tribunal Supremo de Madrid.

No hubo derramamiento de sangre, pero las sentencias no lo reflejan

"En el curso de nuestra observación", dicen Gonnella y Salerni "hicimos hincapié en algunos elementos relevantes que podrían obstaculizar una sentencia proporcionada: el uso de la detención preventiva a pesar de la falta de riesgo de fuga o de manipulación de pruebas, que el juicio se celebrara en el Tribunal Supremo en primera instancia, impidiendo que los acusados apelaran la decisión del Tribunal, el hecho de que el partido de extrema derecha Vox fuera admitido como coacusador junto con la Fiscalía General, y la utilización en algunos casos del derecho penal como medio político para reprimir las reivindicaciones de independencia de Cataluña (en las que se puede o no estar de acuerdo)".

"La sentencia de hoy - destacan Antigone y CILD - parece confirmar precisamente este uso político del derecho penal, con sentencias desproporcionadas en comparación con los hechos. Sentencias que superan los diez años de prisión para casi todos los acusados y que pretenden demostrar que hubo violencia y derramamiento de sangre, cuando en realidad nada de esto ocurrió. Creemos que la sentencia española concierne a toda Europa, porque establece una línea divisoria importante (y preocupante) para el derecho a la libertad de opinión. Por último, nos preocupa especialmente la condena de los representantes de la sociedad civil que solo fueron responsables de la organización de manifestaciones, durante las cuales no se produjeron actos de violencia".