ONG instan a Polonia a proteger el poder judicial

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los nombramientos de los tribunales polacos deben realizarse según las normas de la UE, y un grupo de ONG ha firmado un informe instando a que cumplan la sentencia.

Trece ONG han presentado un informe acerca el impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el status de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia y del Consejo Nacional del Poder Judicial.

Nombramientos irregulares y sesgo político

Los firmantes señalan que el TJUE resolvió que el proceso de nombramiento judicial debe cumplir los requisitos de una protección judicial efectiva. El Tribunal sostuvo que los tribunales polacos, como tribunales de la UE, deben cumplir las normas definidas en la sentencia.

No obstante, el Tribunal de Luxemburgo señaló una serie de circunstancias que debe tener en cuenta cualquier tribunal que realice tal evaluación: todas las cuestiones relevantes de derecho y los hechos. Asimismo destacó las cuestiones que deben tenerse en cuenta en los casos concretos en los que se plantea una cuestión prejudicial. Indicó, entre otras cosas, las irregularidades en el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional del Poder Judicial, el sesgo político de algunos de estos y la ausencia de cualquier revisión judicial efectiva de las decisiones del mismo. El TJUE abordó la autonomía organizativa de la Sala Disciplinaria y el hecho de que tenga competencia exclusiva en los casos relativos a la jubilación obligatoria de los jueces.

La sentencia del TJUE allana el camino para que Polonia revise la independencia de su poder judicial

Las ONG señalan que la sentencia del TJUE allana el camino para que los tribunales polacos revisen la independencia de otros tribunales, no solo de la Sala Disciplinaria. Las ONG piden a todos los actores del sistema judicial polaco que se abstengan de cualquier actuación que pueda poner en peligro la seguridad jurídica o el derecho de las personas a comparecer ante un tribunal.

También señalan que la ejecución de la sentencia del TJUE es una obligación que incumbe a todas las autoridades de la República de Polonia. Consideran que debe ejecutarse de inmediato y respetando plenamente los derechos de los ciudadanos que han depositado su confianza en el sistema judicial polaco. La no ejecución de la misma contribuiría a profundizar el caos jurídico y daría lugar a que las sentencias de los tribunales polacos no gozaran de reconocimiento ante tribunales de otros Estados miembros de la UE.