El gobierno rumano tiene las libertades civiles en el punto de mira y deja a las ONG en vilo

El año 2017 comenzó con quizá la mayor manifestación pública desde el derrocamiento de Ceausescu, pero las ONG ahora se enfrentan a una lucha por su supervivencia.

Al igual que Hungría, Polonia y otros países de la UE, el gobierno rumano ha estado ocupado elaborando leyes para restringir la actividad de las organizaciones no gubernamentales. El resultado son varios textos legislativos que se encuentran en estos momentos ante el Parlamento y que si llegan a aprobarse, limitarán gravemente el derecho fundamental a la protesta y a exigir que el gobierno rinda cuentas. A pesar de que el año comenzó con cierto optimismo para la sociedad civil, ahora parece más importante que nunca que la gente se mantenga vigilante en defensa de las libertades civiles.

Las personas prevalecen

A principios de enero, el recién formado gobierno de Sorin Grindeanu utilizó una disposición de emergencia para acelerar la aprobación de un decreto que despenalizaba ciertas formas de mala conducta de parte de los cargos gubernamentales. También propuso una enmienda al Código Penal que descpenalizaba el abuso de poder si la cantidad de dinero robada era menos de 200.000 lei rumanos (unos 43.500 euros).

El decreto se justificó oficialmente como necesario para detener el hacinamiento en las cárceles del país, ya que la corrupción de los cargos públicos es endémica en Rumania y muchos se encuentran en la cárcel. Solo el año pasado, 30 altos cargos fueron procesados por corrupción, entre ellos ex ministros y el subdirector del banco central. Los ciudadanos y las ONG pro libertades civiles interpretaron el decreto y la emnienda como un intento bastante burdo de limpiarse su delitos pasados y proteger a los políticos de futuras investigaciones de corrupción.

Pronto se organizaron protestas sostenidas y bien organizadas contra las reformas en Bucarest y en otras ciudades de todo el país. Las organizaciones de la sociedad civil movilizaron a decenas de miles de personas durante días. El 5 de febrero en Bucarest se dio la mayor manifestación pública desde la caída de Nicolae Ceausescu en la que participaron más de medio millón de personas exigiendo la dimisión del gobierno.

La respuesta fue rápida: la ordenanza fue derogada ese mismo día, y el 8 de febrero el gobierno recibión un voto de censura. El gobierno sobrevivió, pero apenas: los diputados de la coalición gobernante se abstuvieron, impidiendo que los opositores llegaron al 50 por ciento necesario.

Las libertades civiles bajo amenaza

El éxito de las manifestaciones parece que hizo que muchos políticos rumanos se dieran cuenta de la verdadera fuerza de la sociedad civil. Y la gente también se dio cuenta del poder que tienen y de su capacidad para hacer que el gobierno tengo que rendir cuentas. El gobierno rumano comenzó entonces a tratar de prevenir que esto se repita, con declaraciones públicas y legislación contra el ejercicio de las libertades civiles y la libertad de trabajo de las ONG.

Una semana después de la derogación de la ordenanza, la ministra de Trabajo, Olguta Vasilescu, advirtió a los manifestantes que aún estaban protestando contra el gobierno, que debían cumplir con una ley que estipula que los progenitores no pueden llevar a sus hijos con ellos a las manifestaciones.

Otro miembro del PSD, Arges Catalin Radulescu, dijo en el momento más álgido de las protestas de las protestas que la policía debía responder a los manifestantes con cañones de agua. También afirmó que todavía poseía el rifle de asalto AKM que obtuvo durante la revolución y estaba preparado para usarlo contra los manifestantes.

Pero las iniciativas legislativas puede causar daños mucho más duraderos que la retórica. En marzo, llevaron al Senado un proyecto de ley que proponía la penalización de cualquier intento de "impedir el orden constitucional" con hasta tres años de cárcel. Esta ley, de facto illegalizaría todas las protestas públicas, incluidas las que tuvieron lugar en febrero. Afortunadamente, el proyecto de ley todavía está en medio del proceso legislativo y se puede detener.

Quizá la iniciativa legislativa más alarmante de este año haya sido un proyecto de ley que obligaría al cierre de cualquier ONG que no publique informes sobre su presupuesto operativo dos veces al año. Este, propuesto a principios de junio, parece calcado de una ley similar en Hungría (que a su vez se basa en una ley rusa) y obliga a cualquier ONG que recibe más de 24.000 euros en donaciones desde el extranjero a registrarse como "agente extranjero".

Una lucha por la supervivencia

La respuesta de las ONG rumanas a la propuesta de elaboración de informes presupuestarios fue feroz. Varias de las organizaciones más prominentes (entre ellas APADOR-CH, miembro de Liberties), publicaron una carta de protesta contra el proyecto de ley e instaron a los parlamentarios a rechazarlo. Después de mucha presión, fue suspendida hasta después del verano.

A pesar de que no ha habido mucha reacción fuera del país, quizá porque se albergue la esperanza de que los diputados vuelvan a entrar en razón, la situación no ha escapado a la atención de algunos en Bruselas. En abril, los eurodiputados del Grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo emitieron una declaración que alertaba sobre los intentos del gobierno rumano de "reducir las libertades y derechos que gozan actualmente los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil". Si el gobierno rumano decide reactivar los proyectos de ley mencionados, será importante contar con respuestas más sólidas y con un apoyo más amplio en el Parlamento Europeo.

Es especialmente importante que la difamación contra las ONG sea condenada enérgica y públicamente debido al peligro que representan estos ataques, un peligro que va más allá de las obvias restricciones a nuestros derechos. La retórica de los políticos contra el trabajo de las ONG e incluso las amenazas hacia sus partidarios se puede interpretar fácilmente como una condonación implícita de la violencia contra las mismas. Ya hemos visto este comportamiento en otros países de la UE donde lso gobiernos han demostrado públicamente su deprecio por las libertades civiles. El ataque motivado políticamente a un trabajador de una ONG eslovaca en septiembre de 2016 y el ataque a las oficinas de una organización de derechos LGBT en Polonia en junio de este año no son más que dos ejemplos.

De hecho, ya se ven señales de esto en Rumania: en junio, un hombre fue golpeado mientras se dirigía a la marcha del Orgullo de Bucarest solo porque su ropa llevaba el arcoiris de la bandera LGBT. Cuando los políticos amenazan abiertamente con violencia, se toma como una aprobación tácita para que otros lleven a cabo tales actos.

A medida que los diputados del país vuelven del receso de verano, la legislación mencionada podría volver a ocupar el primer lugar en su agenda. El año comenzó muy positivamente para las organizaciones a favor de las libertades civiles, pero eso las ha convertido en un blanco para los políticos que quieren evitar tener que rendirle cuentas a la sociedad. En Rumania, al igual que en otras partes de la UE, las ONG están ahora entrando en las fases iniciales de una nueva lucha por su supervivencia y la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho.