Reino Unido ilegaliza el programa de vigilancia digital masiva, ¿y ahora qué?

Gran Bretaña deberá modificar la ley que otorga mucho poder a los agentes de seguridad del Estado para la vigilancia masiva. ¿Qué supone esto para los ciudadanos?

Jueces del Tribunal de Apelación de Reino Unido dictaminaron el 30 de enero que una parte importante del programa de vigilancia digital masiva del gobierno, la Ley de Poderes de Investigación, es ilegal. El vicepresidente del partido Laborista Tom Watson, representado por la importante organización de derechos humanos de Reino Unido Liberty, miembro de Liberties, llevó el caso a los tribunales.

En la respuesta a la resolución, Watson dijo: "El gobierno debe proceder a los cambios necesarios de la Ley de Poderes de Investigación para garantizar que cientos de miles de personas, muchas de ellas víctimas inocentes o testigos de delitos, estén protegidas por un sistema de autorización independiente de acceso a datos de comunicación. Estoy orgulloso de haber participado en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Liberty señaló que el fallo confirma que algunas partes importantes de la Ley de Poderes de Investigación de 2016 –conocida como Snoopers' Charter [Ley del Fisgón]– son efectivamente ilegales y deben ser modificadas inmediatamente. "El gobierno está quebrantando la ley al recopilar la actividad de Internet del país y los historiales personales telefónicos, y permitiendo que otros organismos públicos tengan acceso a estos datos personales sin necesidad de que exista ninguna sospecha sobre actividades ilegales y sin una supervisión independiente", señaló la organización de derechos civiles en un comunicado publicado tras el veredicto.

"Una vez más, un tribunal de Reino Unido ha declarado que el programa de vigilancia masiva del gobierno es ilegal. Esta sentencia muestra claramente a los ministros que están violando los derechos humanos de la población", dijo Martha Spurrier, directora de Liberty.

Repercusión en la Ley de Poderes de Investigación

Desde que se inició este recurso judicial en 2014, no solo se ha vuelto a legislar la Ley de Poderes de Investigación para incluir en ella más competencias que hoy se consideran ilegales, sino que se ha llegado más lejos.

La ley amplía el poder del Estado al permitir que pueda recopilar datos de toda la población, mientras que conserva la falta de protección que resulta de esta legislación. También legaliza otras competencias de la vigilancia masiva sin precedentes, como la piratería informática masiva, el espionaje de llamadas telefónicas o correos electrónicos a escala industrial o la recopilación de grandes bases de datos que contienen información confidencial de millones de personas.

Estos poderes indiscriminados también son ilegales, y Liberty los está desafiando en un caso aparte, para el que ya ha conseguido reunir en solo unos días más de 50.000 libras (56.000€) gracias a un crowdfunding.

Precedente del Tribunal de Justicia

Es importante señalar la influencia que tuvo el fallo de 2016 del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) en la sentencia del Reino Unido. Los jueces del TJUE dictaminaron que la retención masiva de datos era ilegal y que la violación de la privacidad de la población solo se podía justificar cuando el objetivo fuese combatir un delito grave. También dictaminó que el acceso a los datos debería someterse a una examen por parte de un tribunal u otro órgano independiente.

El Tribunal de Apelación británico estuvo de acuerdo en que el acceso a la retención de datos sin una supervisión adecuada, y sin la existencia de un delito grave, era incompatible con la legislación de la UE.

En previsión del fallo del TJUE, El Ministerio del Interior de Reino Unido anunció en noviembre de 2017 una serie de medidas de protección, que incluían retirar el poder que tenían los mandos de la policía y exigir que fuera el nuevo comisionado de poderes de investigación quien concediera la autorización para consultar datos de comunicación confidenciales. Sin embargo, militantes como Watson dijeron que estas medidas eran escasas y no llegaban suficientemente lejos.

Como respuesta al fallo, el ministro de seguridad Ben Wallace dijo: "Los datos de comunicación se usan para la persecución de la mayoría de los delitos graves y de delincuencia organizada, y los servicios de seguridad los han utilizado en investigaciones sobre terrorismo durante la última década".

Wallace señaló que el fallo hacía mención a una la legislación que ya no estaba en vigor y que no cambiaba la forma en que los organismos de seguridad descubrían los delitos.

Enmiendas en camino

En cuanto al futuro, Wallace añadió: "Ya hemos anunciado que presentaremos enmiendas a la Ley de Poderes de Investigación para abordar las dos áreas contra las que el Tribunal de Apelación falló en el anterior programa de retención de datos. Nos alegramos de que el fallo del Tribunal de Apelación no dañe el programa, y seguiremos defendiendo estos sistemas que el Parlamento consideró necesarios en 2016, en un litigio en curso".

Gran Bretaña ha estado al frente de la batalla entre la privacidad y la seguridad desde que el exconsultor de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Edward Snowden, filtrara información sobre las tácticas de espionaje masivo utilizadas por agentes británicos y de Estados Unidos en 2013.