Hungría aprueba Stop Soros: quienes ayuden a los solicitantes de asilo se pueden enfrentar a un año de cárcel

Con los votos de los diputados partidarios del gobierno y los del partido de extrema derecha Jobbik, el parlamento húngaro ha aprobado la ley "Stop Soros" que penaliza la actividad de las ONG y a los ciudadanos que apoyen a los solicitantes de asilo.

La aprobación de la ley supone la inclusión de una nueva disposición en el Código Penal que penaliza la ayuda a los migrantes irregulares.

Orbán ignora la petición de los expertos

De acuerdo a la nueva legislación, cualquier persona que "apoye la iniciación de un procedimiento de asilo para una persona que no cumpla los requisitos para que se le conceda el estatuto de refugiado político en su país de origen, en el país de residencia o en cualquier otro país por el que haya llegado" o que "preste ayuda para la obtención de un permiso de residencia a una persona que haya entrado ilegalmente en Hungría o permanezca allí ilegalmente" está cometiendo un delito.

A pesar de que se le pidió explícitamente, el Gobierno húngaro no ha esperado a la resolución de la Comisión de Venecia. A principios de esta semana, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, respondió a un periodista sobre esta solicitud de la Comisión de Venecia, y dijo que, debido a que existe mayoría parlamentaria, el Gobierno no siente la necesidad de esperar a la resolución.

Activistas decididos a continuar su trabajo

"El Gobierno húngaro lleva trabajando desde 2010 para evitar que las infracciones cometidas por el Estado tengan consecuencias. La ley que se acaba de aprobar cumple el mismo objetivo: tratar de evitar que se denuncien los abusos del Estado y de se informe a los extranjeros o a los solicitantes de asilo que se encuentran en Hungría sobre sus derechos (que no equivale a incitar a que se eludan las normas)", señaló el miembro de Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) sobre la adopción de la nueva ley.

HCLU también añadió que la organización empleará todos los medios posibles para garantizar que los activistas y las organizaciones que proporcionan ayuda humanitaria y asistencia jurídica, ahora amenazados con cárcel, puedan continuar realizando su labor.