Alemania: Una nueva ley de inmigración amenaza la sociedad civil

Alemania se denomina con orgullo un “Rechtsstaat”, un Estado fundado sobre la justicia y la integridad, que respeta el Estado de derecho. Pero el nuevo proyecto de ley que criminaliza, entre otros, a quienes ayudan a los migrantes, sugiere lo contrario.

Frustrado por no haber podido deportar a casi uno de cada dos solicitantes de asilo rechazados, el gobierno alemán ha intesificado sus esfuerzos para enviar a esas personas fuera del país. El 13 de febrero, el Ministro de Interior Horst Seehofer (CSU) presentó un proyecto de ley de 74 páginas denominado "Geordnete-Rückkehr-Gesetz", que se traduce en algo así como "Ley de Retorno Ordenado".

El proyecto de ley introduciría la "detención preparatoria" previa a la deportación y permitiría que las autoridades detengan a los solicitantes de asilo rechazados sin necesidad de una decisión judicial, cosa que es inconstitucional. Además, ampliaría los motivos para la detención (bajo el presupuesto de que las personas pueden huir) y reduciría las normas de detención (las personas que no hayan cometido ningún delito podrían ir a la cárcel). Evidentemente, el señor Seehofer no ha leído nuestro artículo sobre las alternativas a la detención de migrantes y los efectos perjudiciales de la misma.

Además, el ministro de Interior quiere dificultar la obtención de permisos de estancia tolerada ("Duldung"), un estatus que permite a sus beneficiarios trabajar y recibir formación profesional. Si fuera por el señor Seehofer, a los individuos de "países de origen seguros" se les denegaría de entrada el Duldung, disriminándoles únicamente por su nacionalidad.

Que el ministro de Interior alemán esté promoviendo políticas migratorias duras no es nada nuevo. Lo que sí es nuevo, sin embargo, es que ahora también está apuntando hacia la sociedad civil.

Criminalización de la sociedad civil - ¿ahora también en Alemania?

Hemos visto cómo cada vez más Estados de la UE criminalizan a las personas que prestan ayuda a migrantes. En Francia, una ley de inmigración amenaza a cualquiera que "intente facilitar la entrada, movimiento o residencia ilegal de un extranjero" con hasta cinco años de cárcel y una multa de 30.000 euros; en Hungría, prácticamente cualquier tipo de apoyo a los refugiados constituye un delito penal; el nuevo gobierno de Italia ha advertido a las ONG que está prohibido rescatar a personas en el Mediterráneo; y la lista continúa. Ahora, el virus ha infectado a Alemania.

El proyecto de ley de Seehofer -llamado tiernamente "la ley que-te-jodan" por los activistas- estipula que cualquiera que publique y difunda fechas o períodos de vuelos de deportación, ya sea a través de un boletín informativo o de las redes sociales, será penalizado con hasta tres años de cárcel. Esta forma de censura se contradice con la legislación sobre derechos humanos y libertad de expresión y de prensa, según el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esta medida está claramente vinculada con los muy controvertidos desalojos de nacionales afganos. Cientos de afganos han sido deportados a su país, devastado por la guerra, y los vuelos de deportación continúan en 2019. Esto es lo que hace que la propuesta de penalizar la publicación de las fechas de deportación sea tan problemática. Las deportaciones a Afganistán son objeto de un importante debate público y motivo de múltiples manifestaciones en los aeropuertos.

Además, la publicación de una fecha de deportación también da a las personas la oportunidad de apelar ante los tribunales. Las deportaciones ilegales a menudo se detienen debido a la intervención judicial. Según la organización alemana Pro Asyl, el Tribunal Federal de Justicia ha corregido una de cada tres decisiones en casos de deportación desde 2015.

Más recientemente, el Tribunal Constitucional Federal paró extremis la deportación de un padre etíope de dos hijos que llevaba viviendo en Alemania desde hacía más de cinco años y había completado una formación profesional.

Las deportaciones ilegales pueden tener consecuencias desastrosas para los afectados, especialmente si se les devuelve a un Estado donde sufren persecución. Por lo tanto, anunciar un vuelo de deportación previsto puede ser fundamental para la protección jurídica de las personas afectadas.

Criminalizar a los activistas de derechos humanos puede desanimar a la gente de prestar ayuda a otras personas. Nos hemos acostumbrado a ver cómo se reducía el espacio de la sociedad civil en Hungría. Ahora que el virus ha llegado a Alemania, tenemos que asegurarnos de que será confrontado de forma contundente desde el principio.