Las nuevas medidas antiterroristas de Bélgica podrían empeorar las cosas

Las nuevas medidas adoptadas por el gobierno belga para combatir el terrorismo podrían ser contraproducentes y suponer una amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos, advierte la Liga de Derechos humanos.

A raíz de los recientes ataques en París y del desmantelamiento de una célula terrorista en Bélgica, el gobierno belga ha decidido adoptar diferentes medidas encaminadas a reforzar la seguridad de los ciudadanos durante este periodo de incertidumbre. El gobierno ha anunciado 12 medidas encaminadas a mejorar la eficacia de la lucha contra el radicalismo y el terrorismo. La Liga de derechos Humanos (LDH) examina críticamnte algunas de estas medidas al objeto de asegurar que las libertades fundamentales no se conviertan en un daño colateral en la legítima lucha contra el terrorismo.

Ampliar el uso de los métodos especiales de investigación

Bélgica, al igual que los Estados vecinos, ha ampliado considerablemente el marco legislativo en los últimos años para luchar contra los delitos graves. Esta ampliación ha llegado a un punto en el que no parece adecuada en el momento actual (y tampoco fue exigida por las fuerzas de orden público competentes en la materia), con la notable excepción de la ampliación de la legislación que autoriza los pinchazos telefónicos en casos relativos a la incitación, el reclutamiento y el entrenamiento para el terrorismo. A este respecto, una ampliación de la legislación relativa a tales delitos. Sin embargo, los acontecimientos recientes no pueden autorizar excepciones adicionales a la ley.

Ampliación de las oportunidades de privación de la ciudadanía

Sin duda esta es la peor respuesta. De hecho, podría crear dos categorías separadas de ciuddanos belgas: aquellos que nunca pueden perder su nacionalidad; y aquellos que están en peligro de perderla en cualquier momento. Esta medida contradice los llamamientos gubernamentales a la “convivencia” y provocará un tratamiento discriminatorio de los ciudadanos en razón de sus orígenes, haciendo de los “nuevos belgas” ciudadanos de segunda clase. Por el contrario, la inclusión y no la exclusión es la única esperanza de dar una respuesta a los excesos (¿abusos?) a los que asistimos.

Retirada temporal del documento de identidad, denegaciones de pasaporte y confiscaciones de bienes

La LDH insiste en que estas medidas deben ser adoptadas respetando los derechos de los litigantes y los procedimientos legales. Dicho de otra manera, aunque el gobierno estipule que tales medidas pueden ser adoptadas por el ministro de Interior aconsejado por la Fiscalía federal belga, la LDH piensa que tales medidas deben estar precedidas de un examen minucioso a cargo de un juez independiente e imparcial (como un juez de instrucción) seguida de una oportunidad para los ciudadanos afectados de apelar oficialmente a las autoridades judiciales para evaluar la legitimidad de la decisión y evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones.

Intercambio de información y capacidad de analizar la seguridad del Estado

La LDH señaló que el Estado y los servicios de seguridad ya cuentan con amplias bases de datos de información, La operación antiterrorista de la semana pasada indica que la cuestión de la información no es la cuestión decisiva para las fuerzas de orden público, puesto que las personas incluidas en esta operación eran conocidas y estaban controladas. La LDH pone pues en tela de juicio la necesidad de ampliaciones adicionales, que no están exentas de riesgos. A este respecto, la LDH desea que, si se materializan las ampliaciones, el gobierno tiene que prestar particular atención al respeto del principio de confidencialidad de las investigaciones, así como la proporcionalidad de la medida en lo que atañe al respeto de la privacidad. Sería paradójico que en esta lucha contra quienes ponen gravemente en tela de juicio los valores de la democracia que la privacidad, un valor fundamental en una democracia, terminara siendo una víctima colateral debido a medidas lesivas para los valores de la democracia.

La lucha contra el radicalismo en las prisiones

La LDH, al igual que muchas organizaciones internacionales, ya ha señalado la flagrante falta de disposición del gobierno de aplicar medidas para promover la educación y la rehabilitación de los presos. La cárcel es un lugar particularmente problemático y criminógeno que promueve la radicalización de algunos presos. Resulta completamente contraproducente combatir la radicalización en las cárceles limitándose a reforzar las medidas de seguridad. La lucha contra el radicalismo no puede llevarse a cabo sin una reflexión general sobre el papel y el funcionamiento del mundo carcelario. El enfoque se ha centrado únicamente en la seguridad y ha demostrado su falta de eficacia total en mucho casos, así que resulta imperativo intentar un enfoque diferente.

Llamar al ejército para tareas específicas de vigilancia.

La LDH no aprueba esta medida, que no es ni necesaria ni útil. El ejército no debe patrullar en las calles porque sencillamente no es su papel en na democracia. En efecto, debería intervenir en una guerra, pero las fuerzas militares, a diferencia de la policía, no están entrenadas para mantener el orden y la paz social y defender la democracia y los derechos humanos. Corresponde a la policía, que ha demostrado su eficacia recientemente, garantizar la seguridad de los ciudadanos y el respeto de los derechos fundamentales. El ejército no proporciona ningún valor añadido en la gestión de esta crisis, pero su presencia refuerza el sentido de la inseguridad en nuestras ciudades sin aumentar la inseguridad. Sin embargo, de confirmarse esta medida resulta imperativo que se trate de una medida destinada a estar en vigor durante un tiempo breve y predefinido y que se vea acompañada de una información objetiva a los ciudadanos acerca del estado de esta amenaza.

Más en general, la LDH quiere llamar la atención del gobierno sobre dos situaciones paradójicas que deberían ser tenidas en cuenta durante este tiempo de crisis:

1. Los acontecimientos de París condujeron a una extraordinaria movilización de los ciudadanos para expresar abrumadoramente su compromiso con la libertad de expresión. Costaría entender que se tomen medidas para reducir la libertad de expresión (en general y en Internet en particular). Por más útil y necesaria que sea la vigilancia en la web, no puede convertirse en censura.

2. Para un enfoque coherente y completo del terrorismo, convendría que el gobierno federal abordara la cuestión de la venta de armas en Bélgica. En efecto, hay que recordar que Arabia Saudi y Qatar se cuentan entre los mejores clientes de nuestro país y a nadie se le escapa que esos Estados financian movimientos yihadistas en siria e Irak,

A modo de conclusión, la LDH llama a una mayor vigilancia sobre la necesidad, la proporcionalidad y los potenciales efectos draconianos de algunas de estas medidas antiterroristas. La LDH hace hincapié en que las medidas propuestas son solo a corto plazo y no resuelven en modo alguno el problema del terrorismo y el radicalismo. Para combatir a estos eficazmente, resulta esencial considerar asuntos mucho más difíciles que afectan a la educación, el emplo, la discriminación y la política internacional. Exige medidas de mayor complejidad que las respuestas centradas en la seguridad, porque esas medidas se limitan a combatir los síntomas y no la enfermedad.

La lucha contra el terrorismo es también una lucha por la conservación de los valores fundamentales de la democracia. Si determinadas libertades fundamentales terminaran siendo eliminadas durante esta crisis, entonces tendremos que llegar a la conclusión de que los terroristas han ganado.