De acuerdo con un comunicado publicado por la organización miembro de Liberties, la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR por sus siglas en inglés) "La ley perjudica el funcionamiento y la eficacia del tribunal más importante de Polonia que ahora tiene cientos de casos en su expediente".

Enmiendas a la Ley del Tribunal Supremo

En julio de 2017, el presidente de Polonia vetó dos de las tres leyes polémicas cuyo objetivo era reformar el sistema de justicia. El presidente también anunció que presentaría al Sejm, la cámara baja del parlamento polaco, sus propias propuestas de ley para el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional del Poder Judicial.

La Ley del Tribunal Supremo se modificó a finales de 2017, con una nueva versión acordada y adoptada en diciembre de 2017, que no difiere sustancialmente de la ley vetada en julio.

La nueva ley reduce la edad de jubilación para los jueces del Tribunal Supremo, introduce una nueva medida especial de apelación, la denuncia extraordinaria, y establece dos nuevas cámaras del Tribunal Supremo: la Cámara de Disciplina y la Cámara de Revisión Extraordinaria y Asuntos Públicos.

"Lamentablemente, la nueva ley no garantiza que la independencia y continuidad institucional del Tribunal Supremo reciban una protección adecuada", reza la declaración de HFHR.

Nueva edad de jubilación

Conforme a la Ley del Tribunal Supremo recientemente modificada, todos los jueces mayores de 65 años deben jubilarse a menos que el presidente apruebe una prórroga de tres años del mandato de un juez determinado.

Según HFHR, esta regulación "reduce eficazmente la independencia de los jueces. La introducción de la nueva edad de jubilación vinculada al procedimiento de aprobación presidencial para la ulterior ejecución de los deberes judiciales de un juez es una solución que reemplazará rápidamente a muchos jueces del Tribunal Supremo".

La nueva edad de jubilación fue una de las cuestiones planteadas por la Comisión Europea en sus recomendaciones sobre el Estado de derecho en Polonia emitidas en diciembre de 2017. Sin embargo, el gobierno polaco no ha prestado ninguna atención, de la misma forma que tampoco ha implementado recomendaciones de la CE anteriores, emitidas en 2016 y 2017.

Denuncia extraordinaria

La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos expresó también su preocupación por las nuevas disposiciones para la denuncia extraordinaria, que, en su opinión, representan una amenaza para la veracidad de las transacciones legales.

"La denuncia extraordinaria puede ser objeto de abuso y convertirse en un arma política en lugar de una medida diseñada para impugnar decisiones judiciales extremadamente injustas. Además, el hecho de que los casos de denuncias extraordinarias serán escuchados por paneles compuestos tanto de jueces profesionales como legos resulta muy preocupante", señala la declaración de la organización.

Futuro del Tribunal Supremo

La nueva legislación del Tribunal Supremo es una herramienta más del gobierno para controlar al poder judicial. HFHR señala que proteger el Estado de derecho en Polonia ahora está en manos de los propios jueces, de acuerdo con su propia moral:

"La implementación de la nueva Ley del Tribunal Supremo es otra fase de los cambios en el sistema de justicia cuyo objetivo es someterlo gradualmente al control de la mayoría gobernante. La salvaguarda del Estado de derecho ahora dependerá en gran medida de la postura moral de los jueces y de su determinación en la defensa de los principios fundamentales de un Estado democrático de derecho".