Los Conservadores han puesto en marcha sus muy anticipados planes para derogar la Ley de derechos humanos ("Human Rights Act", LDH) y reemplazarla con una llamada "Carta de Derechos británica" (CDB). Las propuesta demuestra su ignorancia legal, es políticamente provocativa y parece diseñada para enfrentar al Reino Unido con el Tribunal de Derechos Humanos, y podría conllevar su salida definitiva de la Convención sobre derechos humanos y del Consejo de Europa, además de desestabilizar al país.

Los planes están claramente destinados a disminuir los derechos de todos en Gran Bretaña – en particular los de grupos minoritarios vulnerables y los niños y niñas con padres que enfrentan la expulsión. Que se haya publicado después de la Conferencia del Partido Conservador es un claro intento de evitar un escrutinio más profundo por parte de los expertos.

Si hacemos una revisión más detallada, queda en claro cómo desembocaría la propuesta:

PROPUESTA: Derogar Ley de derechos humanos (1998) introducida por el Partido Laborista

• La LDH aumentó la soberanía británica. Los casos anteriores a la Ley eran conocidos por el Tribunal de Estrasburgo sin que pasara primero por los tribunales británicos. A partir de la aprobación de la Ley, los jueces británicos tienen la potestad de pronunciarse sobre toda reclamación relativa a los derechos humanos que se presente en el Reino Unido, y por tanto de influir en la jurisprudencia del TEDH. Al derogar la LDH y una vez se apruebe la CDB con las reformas en los derechos, la supervisión por Estrasburgo del Reino Unido aumentará, convirtiendo nuevamente al TEDH en poco más que un tribunal de primera instancia.
• Si se deroga la LDH puede ocasionar un nuevo revés para la unidad del Reino Unidos. No incluirá a Escocia (el partido nacionalista escocés ha confirmado que no derogará la HRA en Escocia) y una carta de derechos "británica" tiene el potencial de incrementar tensiones en Irlanda del Norte. Podría resultar siendo una Carta de Derechos para Inglaterra y Gales.
• La LDH no es la "Ley de derechos humanos laborista". Se aprobó con un apoyo abrumador multipartidista y con el aval de dirigentes conservadores. Una Carta de Derechos constitucional manifiestamente partidista va en contra de lo que representa el Partido Conservador.

PROPUESTA: Desvincular formalmente a los tribunales británicos del Tribunal de Derechos Humanos. En un futuro, los tribunales de Gran Bretaña no estarán obligados a considerar las sentencias de Estrasburgo. Esto significa que el Tribunal Supremo será el árbitro final en materia de derechos humanos en el Reino Unido.

• Los tribunales de Gran Bretaña sólo están obligados a "tener en cuenta" las sentencias de Estrasburgo, y no a seguirlas. La LDH no convirtió a Estrasburgo en un juzgado que siente jurisprudencia, como afirman las propuestas. Esto lo ha dejado muy claro la judicatura superior de Gran Bretaña en varias ocasiones.
• Los tribunales británicos ya difieren regularmente de decisiones tomadas en Estrasburgo, cuando tienen en cuenta las leyes, tradiciones y costumbres del Reino Unido.
• Esta propuesta no aumentará la posición constitucional del Tribunal Supremo. Ya es el árbitro de última instancia en e casos de derechos humanos en el Reino Unido, pero si seguimos siendo parte de la Convención, los británicos todavía podrán someter sus casos a Estrasburgo cuando las opciones jurídicas nacionales se hayan agotado. La dilución de los derechos del Convenio es lo que hace más probable que Estrasburgo condene al Reino Unido.
• Los conservadores han hecho un giro político en este tema - cuando se aprobó la ley de derechos humanos intentaron enmendarla para que diga que los tribunales británicos "deberían regirse" por Estrasburgo, pero fue (sabiamente) rechazada por el Parlamento.

PROPUESTA: Acabar con la capacidad del Tribunal de Derechos Humanos para exigir al Reino Unido cambios a sus leyes. Cada sentencia contra el Reino Unido será tratada como "orientativa" y tendría que ser aprobada por el Parlamento si ha de desembocar en un cambio en nuestras leyes.

• El Tribunal no tiene la capacidad de exigir que el Reino Unido cambie sus leyes. La soberanía parlamentaria está intacta, como demuestra el que no se haya aplicado la sentencia relativa al derecho al voto de los condenados cumpliendo condena en prisión. Pero el Gobierno británico ha ratificado la Convención y como tal está comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del derecho internacional y a respetar las decisiones del Tribunal.
• Tratar las sentencias como "orientativas" pondría la legislación en conflicto directo con nuestras obligaciones internacionales, enfrentando al Reino Unido con el Tribunal, muy probablemente impulsando la salida del Reino Unido del Consejo de Europa.
• Esto le haría un daño incalculable a la reputación internacional del Reino Unido y debilitaría nuestro capital político e influencia en Europa.
• Un proceso parlamentario para "aprobar" las sentencias de Estrasburgo es un precedente peligroso, digno de un régimen totalitario. ¿Porqué no permitir que el Parlamento "apruebe" las sentencias del Tribunal Supremo? Y, ya que estamos, ¿para qué molestarse con tener ningún tribunal – ¿por qué no pedir que los individuos vayan al Parlamento para que sus casos sean "aprobados" o rechazados por el Parlamento directamente?
• A pesar de las afirmaciones de los Conservadores, el Parlamento no ha rechazado la sentencia del Tribunal sobre el voto de los presos. No se le ha pedido un voto sobre un proyecto de ley relativo a una posible reforma. En 2011, 256 diputados votaron una moción contenciosa en la materia, pero representaban un pequeño porcentaje de los 650 diputados del Parlamento. Por el contrario, en diciembre de 2013, una Comisión parlamentaria multipartidista encargada de revisar el tema recomienda que los derechos de voto sean concedidos a todos los presos condenados a 12 meses o menos. Concluye que no existen argumentos convincentes de política penal a favor de la privación de derechos.

PROPUESTA: Definir más claramente cuándo y cómo deben aplicarse las leyes de derechos humanos en el Reino Unido. Esto acabará con la capacidad de los tribunales de decidir unilateralmente cómo se aplicarán leyes relativas a derechos humanos en ámbitos de la vida pública.

• El parlamento ya definió cuándo y cómo han de aplicarse las leyes de derechos humanos cuando aprobó la LDH. Los derechos de la Convención deben ser protegidos por organismos públicos (por ejemplo, la policía, trabajadores sociales, departamentos gubernamentales, etc.) en su trato con miembros del público. Los tribunales no deciden cuales son los ámbitos de la vida pública donde tienen que ser aplicadas.

PROPUESTA: Limitar el uso de las leyes de derechos humanos para los casos más graves. Ya no se aplicarán en casos triviales.

• Esta es una declaración claramente indicativa del deseo de los conservadores de quitarle ciertos derechos a los británicos.
• Es escalofriante que un partido con políticos poderosos crea que está mejor capacitado para decidir cuándo los derechos humanos pueden ser o no ser aplicados, y cuáles casos son o no son triviales.

PROPUESTA: Un equilibrio entre derechos y responsabilidades. Quienes no cumplan con sus responsabilidades en la sociedad no deberían ser capaces de reclamar sus llamados "derechos calificados" ante un Tribunal.

• El derecho penal y civil están llenos de responsabilidades que son implementadas por el Estado y que deben obedecer los particulares.
• La LDH es una de las pocas leyes que permite a ciudadanos responsabilizar al Estado por sus abusos, maltratos, negligencias, etc. La mayoría de los derechos en la LDH ya están limitados y cualificados teniendo en cuenta los derechos de terceros y los intereses más amplios de la sociedad.

PROPUESTA: Asegurarse de que aquellos que representan un riesgo para la seguridad nacional de este país, o quienes hayan entrado ilegalmente, no puedan basarse en denuncias cuestionables relacionadas con derechos humanos para evitar la deportación.

• Esta desacertada propuesta podría negarle la prohibición de la tortura y el derecho al respeto de la vida familiar a extranjeros que se enfrentan a la expulsión.
• Nos pondrá en clara contradicción con la Convención y no podrá mantenerse de querer seguir siendo parte de ella. Estrasburgo ha sido muy claro, una y otra vez, subrayando que la prohibición de la tortura es absoluta y debe ser aplicada a todo el mundo, sin distinción de nacionalidad, raza, etc. También afectará a los derechos de niños y niñas británicos inocentes, cuyos intereses ya no serán tenidos en cuenta cuando los tribunales estén considerando la expulsión de uno de sus padres.

¿Ampliación de competencias del Tribunal?

• La Convención fue redactada en 1950, en un momento en el que, en gran parte de Europa, la homosexualidad era ilegal; la violación conyugal, el castigo corporal y la discriminación de hijos ilegítimos eran todavía legales; y desarrollos tales como el Internet, la fertilización in vitro, los perfiles de ADN y la prevalencia de la trata de personas no podrían haber sido previstos. Si la Convención se aplicase según la tecnología y las actitudes sociales de los años cincuenta, la protección de los derechos quedaría estancada. En cambio, la Convención sí se interpreta de manera que pueda cubrir el tráfico de personas, así como la esclavitud moderna y la retención desproporcionada de muestras de ADN de personas inocentes.
• Mientras que la interpretación de la Convención se ha adecuado a los cambios en la sociedad, sigue rigiendo únicamente en materia de derechos civiles fundamentales. No interviene en decisiones políticas, económicas o sociales.
• El Partido Conservador afirma que la sentencia sobre en el voto de presos representa una ampliación de competencias del TEDH. De hecho, el Reino Unido firmó y ratificó el artículo 3 del primer Protocolo (el derecho a elecciones libres) en 1952 y entró en vigor en el país en 1954. El derecho al voto es un derecho fundamental, no una "política social" como han querido reclamar sin mucho éxito.