Jan Nowak * fue declarado totalmente incapacitado en diciembre de 2001. Varias semanas más tarde le trasladaron a una residencia para personas con discapacidades a petición de su hermano, que en ese momento actuaba como su tutor legal.

Nowak se opuso, pero las autoridades ignoraron sus deseos porque decidieron que su estado mental le impedía poder tomar decisiones legales sobre su bienestar.

Pero su internamiento en la residencia no fue aprobada por un tribunal, a pesar de que esto es un requisito bajo el Código de Familia y Tutela, ni tampoco Nowak pasó una evaluación psiquiátrica adecuada.

A lo largo de los años, Nowak solicitó reiteradamente al tribunal que enmendara la orden de inhabilitación dictada en su contra, pero todo fue en vano.

No podía abandonar la residencia porque la ley polaca no prevé ningún mecanismo de revisión judicial (de oficio o por solicitud) de la institucionalización de una persona totalmente incapacitada a petición de su tutor legal.

Sentencias

En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el internamiento de Nowak representaba una violación del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la libertad personal). El caso ante fue presentado por abogados del Programa de Litigios Estratégicos de la Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR).

A pesar de esta sentencia, Nowak permaneció en una residencia debido a la demora del Parlamento polaco para adoptar una ley que enmendara las regulaciones defectuosas actuales, hecho que comunicó HFHR al Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Ni siquiera la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de junio de 2016 que calificó de inconstitucionales las normas sobre internamiento y la prolongación del internamiento de las personas incapacitadas legalmente, cambió nada en el caso.

De hecho, estas reglas siguen vigentes a pesar de que el gobierno comenzó a trabajar la enmienda en septiembre de 2016.

En abril de 2016, un tribunal regional cambió el estatus de Nowak a incapacitación parcial, pero esto tampoco resultó en su liberación inmediata de la residencia.

Interviene HFHR

En abril de 2017, HFHR envió una carta al director de la residencia de Nowak informándole que los tutores de personas parcialmente incapacitadas no pueden decidir por su propia cuenta su ingreso en una institución.

Una persona parcialmente incapacitada solo puede ser internada involuntariamente en una residencia si es por orden de un tribunal, siendo este el mismo procedimiento que el que se aplica al internamiento de personas con plena capacidad para tomar decisiones legales.

Como en el caso de Nowak no se emitió ninguna orden, no existen fundamentos legales para su internamiento involuntario en la residencia. Nowak informó a HFHR en una carta que fue solo tras esta intervención que se le permitió salir de la residencia y volver a su familia.

Violación de derechos constante

A principios de julio de 2017, después de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizara inspecciones de 146 residencias para personas dependientes, el Defensor del pueblo preparó un informe sobre las mismas.

El informe reveló varios problemas sistémicos en el funcionamiento de las residencias del país.

Los resultados demuestran que las normativas existentes solo rigen las reglas del internamiento obligatorio en una residencia, pero los administradores no se aplican la obligación de llevar a cabo revisiones periódicas y sistemáticas acerca de si la estancia prolongada en la institución es legítima.

Otro problema que identificó el informe, titulado "Derechos de los residentes en residencias de personas dependientes", es que es difícil que los residentes salgan del centro, lo que resulta en un contacto muy limitado con el mundo exterior, además de las restricciones de uso de su propio dinero.

Estas prácticas se aplican de varias formas, desde disuadir a los residentes para que no salgan de las instalaciones hasta bloquear las salidas.

Cada vez más personas incapacitadas

Sin embargo, el problema más grave es la situación de las personas plenamente incapacitadas. Aunque según la ley este procedimiento estaría destinado a ayudar a la persona a llevar sus asuntos personales, en la práctica conduce a la privación de toda su autonomía e influencia sobre su propia vida.

La dimensión del fenómeno es preocupante: en los últimos 10 años, el número de personas incapacitadas en Polonia se ha duplicado.

Cada vez más, la única razón para la limitación de los derechos es la edad de una persona. En 2015, se presentaron cerca de 14.000 nuevas solicitudes de incapacitación, de las cuales 9.000 fueron aceptadas.

El número de residencias también está creciendo. Según datos de 2015, había 873 centros en Polonia, 90 más que en el año anterior.

Para no repetir casos como el de Jan Nowak, es preciso cambiar la ley.

*Nombre ficticio.