La gestión belga de la amenaza terrorista cuestionada

¿Fue proporcionada la reacción y gestión de la amenaza terrorista de las autoridades belgas tras los ataques de París?

Tras la paralización total de la ciudad de Bruselas y los niveles de alerta saltando de un grado a otro, la Liga de Derechos Humanos cuestiona algunas de las medidas que tomó el gobierno para gestionar la anunciada amenaza inminente sobre la capital.

La amenaza inminente duró seis días. Los niveles de alerta eran una montaña rusa que subía y bajaba sin ningún tipo de justificación contrastable. Cuando se dio alguna explicación, era confusa, contradictoria y cacofónica.

Gestión de la crisis

Así se resume la percepción de muchos ciudadanos y organizaciones, como la Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) de la gestión gubernamental de la crisis. ¿Pero fue así realmente?

Sin la posibilidad de analizar de forma objetiva, la pertinencia de estas medidas, que, durante varios días resultaron en la ocupación de las calles por tanques, el cierre de colegios y la notable falta de información pública, la LDH y la FIDH solo pueden analizar y cuestionar la falta de transparencia de la comunicación gubernamental, ahora que ya ha pasado algo de tiempo.

El cuestionamiento de la legitimidad de estas medidas no estaba permitido en el período de emergencia. Pero ahora, transcurridas unas semanas y dada la opacidad de la comunicación, el cuestionamiento de las mismas no solo está permitido, sino que es muy necesario.

Cuestiones específicas

La LDH y la FIDH cuestionan la pertinencia de ciertas medidas adoptadas por el gobierno, ¿Qué factores objetivos justifican elevar la alerta de seguridad al máximo grado, nivel 4, la noche del viernes 20 de noviembre, transformando Bruselas en una ciudad muerta y angustiada?

La cuestión es incluso más relevante tras los registros infructuosos del fin de semana, que no corroboran de modo alguno la afirmación gubernamental de un ataque inminente, ni justificaron el despliegue militar y policial en las calles de la capital.

No se trata de revelar la información clasificada, sino de tratar a los ciudadanos como adultos, capaces de apreciar la relevancia del peligro y de permitir que los órgamos democráticos realicen su indispensable trabajo.

Motivo de las medidas

Por otra parte, ¿qué factores objetivos justifican que el jueves 26 de noviembre se bajara el nivel de amenaza a 3, cuando el día anterior los colegios y el metro volvieron a abrir sus puertas en medio de un nivel 4 de amenaza?

Frente a estas inconsistencias, ambas organizaciones se preguntan si las medidas estaban motivadas únicamente por la seguridad de los ciudadanos, o si otras consideraciones, ajenas a la amenaza (como la falta de personal y medios para garantizar el nivel 4 hasta el lunes 30 de noviembre) motivaron la reducción del nivel de alerta. ¿No podría ser, por ejemplo, que la falta de personal y de recursos para garantizar el nivel 4 hasta el lunes resultó en el cambio a nivel 3 el día 26?

Comunicación caótica

Las autoridades publicaron información tras la presión ejercida por una parte de los medios de comunicación nacionales e internacionales. En este contexto, resulta difícil confiar ciegamente en las declaraciones oficiales que justifican las subidas y bajadas de los niveles de alerta.

Por ello, la LDH y la FIDH cuestionan, por una parte, la política o las razones de presupuesto que justificaron el cambio a un nivel 3 y, asímismo las posibles motivaciones políticas que llevaron a elevar la alerta a nivel 4.

Este aumento de nivel de alerta fue una forma de demostrar que el gobierno actúa, pero ¿es ésta una actuación efectiva y útil? También generó un clima propicio para fortalecer las políticas de seguridad y, en consecuencia, justificar las 18 medidas anunciadas tras los ataques de París.

La opacidad de la comunicación gubernamental y la inconsistencia de las medidas en materia de seguridad, siembran la duda sobre la legitimidad de sus acciones. Por eso, es indispensable despejar estas dudas y que las autoridades clarifiquen las razones que motivaron sus decisiones,

La transparencia democrática es capital si se quiere mantener o restaurar la confianza en la actuación del gobierno en futuros casos de amenaza terrorista. Asimismo, es necesaria también para que los parlamentarios que van a analizar la pertinencia y proporcionalidad de las 18 medidas para reforzar la seguridad, puedan tomar decisiones con pleno conocimiento de causa.

Despejar dudas

La lucha contra el terrorismo es necesaria. Ante una cuestión apremiante, incluso puede llegar a justificar medidas que reduzcan determinadas libertades, de forma proporcionada, limitada en el tiempo y bajo un estricto control democrático. La falta de comunicación del gobierno, ha sembrado sin embargo la duda sobre la necesidad y motivaciones que guiaron estas medidas, que deberían tener como único objetivo la seguridad pública.

Es hora de que el gobierno dé respuesta a estas preguntas que sientan las bases de nuestra democracia. Si no obtenemos una respuesta por parte del gobierno, la LDH y la FIDH, parafraseando las palabras del primer ministro acerca de las condiciones de la democracia y el respeto a los derechos humanos, diremos: "La amenaza está delante de nosotros."

La LDH organizará próximamente una conferencia de prensa para analizar punto por punto, las 18 medidas anunciadas.