En Alemania los comunidades autónomas las responsables de detener a personas a la espera de expulsión. Sin embargo, no todos las comunidades cuentan con centros para extranjeros. De esta manera, un mayoría de individuos se verán afectados por la decisión del Abogado General – en particular los ciudadanos de Siria, Marruecos y Vietnam - recluidos en cárceles regulares.

La sentencia se basó en la llamada "Directiva sobre el retorno" del 16 de diciembre de 2008, que constituye un marco común y un procedimiento para la gestión y la deportación de ciudadanos de terceros países que residen ilegalmente en la UE.

Estados miembros de la UE están obligados por la Directiva a llevar a cabo expulsiones utilizando los medios menos represivos, permitiendo que el individuo se vaya por su propia cuenta dentro de una fecha señalada, esta siendo la opción más favorable, mientras que la reclusión en centros de detención cerrados debe ser el último recurso. Cada paso del procedimiento debe seguir el principio de proporcionalidad. Sólo en el caso de un individuo que demuestra un comportamiento que ponga en duda su disposición a cooperar, se puede recurrir a la detención como medida.

Las detención suelen ser en centros especialmente designados. Si una comunidad autónoma se ve incapaz de proporcionar una estancia en un centro de estas características, dichos detenidos pueden ser recluidos en cárceles regulares, pero deben permanecer separados de convictos criminales.

Recurrir a cárceles en vez de centros especializados sólo debe ocurrir cuando el sistema se encuentra desbordado por una gran cantidad de extranjeros a la espera de su deportación.

Según el Procurador General, los estados miembros no pueden detener a inmigrantes irregulares en prisiones basándose solamente en el hecho de que una comunidad autónoma especifica carece de un centro de detención especializado. Por otra parte, el Sr. Bot afirmó que un inmigrante irregular jamás debe ser detenido junto con criminales comunes, así el detenido demuestre disposición alguna.