Bélgica: La lucha contra el terrorisimo no debe afectar los derechos humanos

La semana pasada el Comité de vigilancia de Bélgica sobre políticas antiterroristas (Comité T) publicó su informe anual ante el Senado, destacando el hecho de que la lucha contra el terrorismo no debe afectar los derechos humanos.

El Comité T reúne a ONG, abogados y académicos que hacen seguimiento a las políticas antiterroristas y su efecto sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La legislación antiterrorista se endurece como respuesta a los ataques

La legislación belga se ha ido endureciendo a lo largo de los años, y recientemente tras los ataques terroristas en Francia y Bélgica, todavía más. Las leyes se han reforzado con el propósito declarado de luchar contra el terrorismo. Esta lucha es sin duda fundamental, pero no puede librarse a expensas del respeto de los derechos fundamentales. Como no existe una institución nacional de derechos humanos cuya función sea supervisar cómo afectan estas políticas sobre los derechos humanos, el Comité T ha asumido la función de evaluar si Bélgica cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El terrorismo significa, ante todo, la negación de estas libertades y derechos fundamentales. Imponer opiniones políticas o creencias religiosas por medios violentos contra personas inocentes equivale a negar los fundamentos mismos de todo Estado de derecho. Por lo tanto, la lucha contra el terrorismo también significa que debemos proteger y hacer valer las libertades básicas. Los derechos humanos no solo ofrecen un marco para responder de forma apropiada, eficiente y justa al terrorismo, sino que también garantizan el respeto de nuestros derechos y libertades básicos.

Las fuerzas del orden con poderes sin precedentes mientras que la supervisión judicial disminuye

A pesar de ello, los derechos fundamentales en Bélgica se ven continuamente amenazados en nombre de la seguridad nacional. Y, no solo resulta cuestionable que la forma de responder al terrorismo se base casi exclusivamente en la represión, sino que además cabe preguntarse si realmente este modelo es más eficiente. El problema ha resultado ser más complejo, y las medidas policiales por sí solas no lo resolverán. Más bien, la escalada de medidas de seguridad, que ahora se han declarado una prioridad política, parecen más bien la constatación del fracaso democrático.

Bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, los medios y los poderes otorgados a los fiscales, las fuerzas policiales y las agencias de inteligencia se amplían a un ritmo sin precedentes, incluso a veces sin intervención judicial, poniendo en peligro el equilibrio democrático que debe prevalecer cuando se adoptan medidas represivas. Los jueces independientes e imparciales, en su calidad de garantes de las libertades fundamentales, desempeñan un papel fundamental.

Las medidas polémicas se suceden con rapidez, pero también la resistencia de políticos y jueces

Las medidas que se han adoptado también violan varios derechos básicos que nos conciernen a todos, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la privacidad.

En su informe, el Comité T analiza una serie de medidas y políticas antiterroristas que se han adoptado en los últimos años. También analiza los mecanismos de prevención en la lucha contra el terrorismo, defiende y analiza los derechos de los extranjeros en este contexto, y analiza las condiciones de detención y el tratamiento de los presos que se han radicalizado. Por último, se abordan algunos aspectos internacionales de la lucha contra el terrorismo, como la forma de proteger a los ciudadanos belgas detenidos en los campos de detención del norte de Siria basándose en el derecho internacional.

En resumen, en su informe, el Comité T observa que estamos asistiendo a un desarrollo intensivo de medidas y reglamentos controvertidos, que va acompañado de una resistencia política y judicial igualmente intensiva a los mismos.

El informe (en francés y neerlandés) está disponible aquí.