2018: un mal año para los migrantes en Italia

En 2018, según Amnistía Internacional, Italia fue testigo de una "gestión represiva de la migración", la "violación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo", una "retórica xenófoba" y "desalojos forzosos sin alternativas habitacionales".

El Gobierno italiano se lava manos al respecto de los solicitantes de asilo

Más personas muertas en el mar Mediterráneo, una política de migración que no tiene en cuenta la salud ni la seguridad de los solicitantes de asilo y una ley sobre seguridad que reduce la eficacia del sistema de acogida y dificulta la inclusión. Estas son algunas de las consecuencias de la política italiana de "puertos cerrados", que ha impedido el desembarco de varios buques y ha puesto en peligro a personas rescatadas en el mar. Además, esta política hace caso omiso del derecho nacional e internacional en materia de protección. El ejemplo de la patrullera de clase Diciotti es muy ilustrativo: el buque, perteneciente a la Armada italiana, no pudo desembarcar en puertos de ese país, pese a cumplir con sus obligaciones en materia de solidaridad en alta mar.

Al mismo tiempo, el gobierno italiano está contribuyendo a la disolución de la responsabilidad compartida en materia de migración, además de apoyar una reforma de la Convención de Dublín que reduciría las responsabilidades de Italia hacia los solicitantes de asilo, al buscar una redistribución justa de los solicitantes de asilo entre los distintos países europeos.

Los acuerdos entre Italia y Libia ponen en peligro a los migrantes

Los acuerdos que Italia ha firmado con Libia fomentan la práctica de la tortura sobre las personas capturadas por los guardacostas libios y luego recluidas de manera arbitraria e indefinida en centros de detención. En efecto, los migrantes que deciden tomar la peligrosa ruta del Mediterráneo central quedan expuestos a la tortura, la violación, los malos tratos y la explotación.

Desde 2016, Italia y Europa vienen reforzando las capacidades de las autoridades marítimas de Libia para permitirles patrullar las costas de la UE, interceptar a los migrantes que se dirigen a Europa y trasladarlos de vuelta a Libia. También se han documentado acuerdos informales con milicias involucradas en el tráfico de refugiados y migrantes.

Todo ello forma parte de una estrategia cuyo objetivo es reducir el número de migrantes que llegan a Italia delegando el control de las fronteras marítimas italianas y europeas a las autoridades libias.

Los más vulnerables pagan el precio más alto

Estas políticas italianas tienen efectos muy contundentes sobre las personas devueltas a Libia. Según el informe, "los más vulnerables pagan un alto precio por esta política: se cuentan entre ellos mujeres sudanesas, niños iraquíes, hombres eritreos, jóvenes en busca de trabajo, ancianos que huyen de las guerras, personas que viajan solas para reunirse con parientes o familias enteras en busca de un lugar que considerar su hogar. El odio generado por estas políticas -que no respetan el Estado de derecho y fomentan comportamientos xenófobos- convergerá sin duda de forma cada vez más violenta sobre estas personas".