La legislación italiana puede no proteger los derechos frente a las 'apps' de rastreo de COVID-19

Aunque a mucha gente la idea de renunciar a algunos derechos para proteger la salud pública le parece bien, el gobierno italiano debe garantizar que los sistemas son lo suficientemente sólidos para que estos cambios no se conviertan en permanentes.

La experiencia de Corea del Sur y Japón ha demostrado que las aplicaciones móviles pueden ser eficaces para vigilar el contacto social, especialmente para vigilar a las personas "de riesgo" y frenar así la propagación del coronavirus. La idea de utilizar la tecnología para vigilar a los ciudadanos, y en concreto sus movimientos y estado de salud, también está ganando adeptos en Europa.

La mayoría de las personas acepta que se restrinjan algunos derechos para frenar la propagación de COVID-19

En Italia, la Ministra de Innovación Tecnológica y Digitalización, Paola Pisano, invitó recientemente al mundo de los negocios y de la tecnología de la información a que proporcionara al gobierno los medios técnicos para poner en marcha un plan de vigilancia y lucha contra la propagación de Covid-19 a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes. Probablemente, el modelo no se basará exclusivamente en Big Data, sino que creará perfiles de la población a través de la información del GPS de sus teléfonos inteligentes, vigilando sus movimientos y, posiblemente, su estado de salud.

Este método se justifica en base a que el actual estado de emergencia debería permitir el uso de medidas excepcionales, incluso a expensas del derecho a la privacidad, entre otros. Además, parece que goza del apoyo de la mayor parte de la población. Algunas encuestas (BVA DOXA 10-19 de marzo de 2020; SWG 25-27 de marzo de 2020) revelan que la mayoría de los ciudadanos estaría a favor de que se controlara sus viajes y su actividad social, relegando así su derecho a la intimidad y a la protección de datos, en favor del interés principal: la salud pública.

¿Debemos tener que elegir entre privacidad o salud?

Hoy en día, en pleno estado de emergencia, el uso de este tipo de tecnología parece cada vez más cercano. En Piamonte, por ejemplo, se ha propuesto recientemente que reabran algunas fábricas con los trabajadores sometidos al control digital de sus movimientos. En este escenario, los trabajadores podrían tener que elegir entre mantener su empleo transfiriendo su derecho a la privacidad, o proteger ese derecho y arriesgarse a perder el trabajo.

Una vez validado este sistema de "trueque" de derechos (intercambio de privacidad por salud y/o trabajo), sienta un precedente para ejercer el control social para proteger intereses públicos (por ejemplo, la represión de delitos, aunque la lista puede ser interminable).

A ello se añade el riesgo, una vez implementado el sistema, de un posible abuso de esas tecnologías como método de control social y represión de la disidencia (ya de por sí debilitada por la suspensión del derecho de reunión).

El sistema legislativo actual no puede gestionar la presión sobre los derechos

Por último, la introducción de esos sistemas de control ejercería una presión sin precedentes sobre los derechos de privacidad y protección de datos de los ciudadanos, que el actual sistema normativo no parece poder afrontar.

Ante esta nueva situación, resulta evidente que hace falta un nuevo ecosistema de derechos para limitar las nuevas posibilidades de control y represión mediante el uso de tecnologías e indicar las precacuciones de uso de las mismas.

Nos encontramos en un momento histórico de transición de un paradigma existencial a otro, desde el punto de vista social, tecnológico y jurídico. Por ello, es imprescindible prestar especial atención a las acciones que se están llevando a cabo en este momento de reacción emocional a la pandemia de coronavirus. Si se abre la caja de Pandora tecnológica, existe el riesgo de no contar con las herramientas adecuadas para poder cerrarla de nuevo.