Informe experto sobre la violencia de género en Italia

El pasado enero GREVIO publicó su primer informe sobre la implementación en Italia del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el "Convenio de Estambul".

En enero, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) publicó un informe sobre cómo lucha Italia contra la violencia de género en el que se evalúan las medidas legislativas y de otro tipo que está empleando Italia para aplicar las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

GREVIO, el órgano independiente asignado por el Convenio de Estambul, está supervisando cómo los signatarios implementan el instrumento. Si se requiere alguna acción para prevenir un patrón grave, masivo o persistente de cualquier acto de violencia cubierto por el Convenio, GREVIO tiene el poder de iniciar un procedimiento de investigación especial. También puede adoptar, donde proceda, recomendaciones generales sobre temas y conceptos del Convenio de Estambul.

En su informe sobre Italia, GREVIO ha identificado una serie de áreas que precisan mayor desarrollo y otras que aún no han recibido ningún tipo de intervención o legislación. También ha formulado una serie de recomendaciones sobre posibles soluciones que pueden adoptar las autoridades italianas y las partes interesadas para avanzar hacia un país libre de violencia contra la mujer y de violencia doméstica.

Los derechos de la mujer en Italia

Italia ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en 1985. Desde entonces, el país se ha esforzado por lograr la igualdad de género en los ámbitos legislativo y no gubernamental.

Aunque actualmente existen más posibilidades de denunciar los casos de violencia de género y se promueve más que en el pasado que las mujeres hablen de sus experiencias, la violencia machista y contra la mujer sigue siendo un problema en el país. Entonces, ¿cómo está abordando Italia este problema?

Las principales conclusiones del informe

El informe de GREVIO analiza cómo Italia ha tratado de aplicar el Convenio de Estambul mediante reformas legislativas que han creado conjuntos amplios de normas y mecanismos destinados a alentar a las autoridades a que de verdad inviertan en las políticas que predican y detengan la violencia de género.

Varias reformas legislativas, incluida la reciente Ley 69 del 19 de julio de 2019 (conocida como el Código Rojo), han dado lugar a la elaboración de un marco legislativo sólido en consonancia con los requisitos del Convenio sobre los recursos de derecho civil y penal para las víctimas de violencia. Sin embargo, el informe señala varias lagunas legislativas, como la ausencia de recursos civiles efectivos cuando una autoridad estatal incumple su deber de adoptar las medidas preventivas o de protección necesarias en el ámbito de sus competencias.

Las autoridades italianas han tenido un papel importante en la batalla contra la violencia de género reformando de forma proactiva la legislación sobre acoso, por ejemplo, que exige que las autoridades competentes llevan a cabo campañas de concienciacion acerca de los peligros de ese comportamiento y proporcionen una protección adecuada a las víctimas.

Sin embargo, la forma en que los jueces interpretan la legislación parece diferir en cada caso. Y las respuestas de los tribunales y de la comunidad condicionan a las víctimas de violencia a la hora de atreverse a denunciar. Incluso si existen circunstancias atenuantes por parte del acusado, la justicia restaurativa es fundamental, tanto para proteger a la víctima, como para disuadir estos patrones de comportamiento.

Al principio del informe, GREVIO menciona cómo las políticas de igualdad de género se han reinterpretado constantemente e integrado dentro de las políticas de familia y maternidad, generando cierta resistencia a la causa de la igualdad de género. Y señala su preocupación por el hecho de que aparentemente se está dando prioridad a la protección de la familia frente a la eliminación de la discriminación contra la mujer. El informe indica que esta tendencia no solo deja fuera a muchas mujeres, sino que "no suple la necesidad de lograr el cambio estructural necesario para lograr mejoras sostenibles en los derechos de la mujer y de la igualdad de género".

El papel de la sociedad civil

En Italia existe un movimiento fuerte de la sociedad civil por la igualdad de género. GREVIO reconoce el importante papel que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de políticas y en la incidencia política en cuestiones relacionadas con la violencia de género. Las ONG dirigen centros antiviolencia y refugios para las víctimas de la violencia. Uno de las desafíos más importantes es la coordinación con el gobierno. En su informe, GREVIO recomienda que se fortalezcan las instituciones locales y nacionales para que exista cooperación y consulta entre el Estado y las ONG.

La falta de conciencia

En el artículo 15 del Convenio de Estambul se detalla la importancia de formar a las autoridades que se ocupan de los casos de violencia de género. A pesar de ello, y a pesar de las recomendaciones de GREVIO para mejorar el sistema de formación existente, los programas de formación de Italia para el sector de la salud, el sector judicial, los cuerpos de seguridad, los profesionales que gestionan las residencias para mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género, abogados y trabajadores sociales son insuficientes.

La lucha contra la violencia de género continúa

La lucha contra la violencia de género es internacional y hay algunos desafíos que se pueden compartir colectivamente. Sin embargo para lograr resultados sostenibles la mayoría de las políticas e intervenciones deben ser específicas para cada país. Entre otras cosas, GREVIO recomienda que Italia garantice que las políticas y medidas aborden por igual la prevención, la protección, la investigación y la penalización y que se adopten nuevas medidas para garantizar que las políticas aborden la violencia contra las mujeres de manera global e integrada y se apliquen y supervisen mediante una coordinación eficaz entre las autoridades nacionales, regionales y locales.