La Comisión Europea no cumple la petición de crear un fondo para las libertades

El Parlamento Europeo pidió a la Comisión que creara un nuevo fondo para apoyar a las organizaciones de derechos humanos en la UE, pero esta no lo ha llevado a cabo. Comparamos lo que pidió el Parlamento y lo que ha llevada a cabo la Comisión.

Liberties acaba de publicar un documento en el que compara la propuesta de la Comisión de un programa de Derechos y Valores con el Instrumento de Valores Europeo (IVE) propuesto por el Parlamento Europeo y organizaciones de la sociedad civil, y analiza si la propuesta de la Comisión se desvía de los programas de financiación existentes de Igualdad de Derechos y Ciudadanía (REC) y Europa con los Ciudadanos (EfC).

La propuesta de la Comisión garantiza, efectivamente, la continuación de programas de financiación existentes, que tratan a las ONG como subcontratas que ayudan a la Comisión a aplicar la legislación y las políticas de la UE. Y por consiguiente no incluye ninguno de las posibilidades que proponía el IVE, que apoyarían la creación de un sector de ONG sano y sostenible, capaz de promover y proteger los valores establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Habida cuenta del crecimiento del autoritarismo populista, es posible que la Comisión esté desaprovechando su última oportunidad de frenar el ascenso de la extrema derecha - ahora que todavía la UE se compone de una mayoría de gobiernos progresistas- adoptando medidas significativas que vayan construyendo el apoyo popular a la democracia, al Estado de derecho y a los derechos fundamentales.

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Conclusiones principales del documento:

  • El importante alcance del IVE incluiría actividades que promuevan y protejan las normativas europeas e internacionales que garantizan una democracia plural, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. La propuesta de la Comisión, sin embargo, tiene un ámbito de aplicación excesivamente limitado. Como continuación de los programas REC y EfC, la propuesta se limita a apoyar la promoción de algunos aspectos concretos de leyes y políticas o acciones de la UE a nivel transnacional o de la Unión Europea.
  • La propuesta del IVE incluye el apoyo a organizaciones que promuevan los derechos humanos, realicen vigilancia, seguimiento y presentación de informes a los órganos internacionales de supervisión de derechos, el apoyo a litigios, a movilizaciones públicas y a la educación pública. Asimismo apuesta por el fortalecimiento del sector no gubernamental para que mejore su capacidad de comunicarse con la sociedad de manera más eficaz. La propuesta de la Comisión no incluye este tipo de actividades y, en gran medida, sigue apoyando básicamente las mismas actividades que los programas REC y EfC.
  • El IVE proporcionaría financiación para apoyar el funcionamiento de las ONG que trabajan a nivel nacional y de base, sobre la base de una interpretación más flexible del Reglamento financiero de la UE, a fin de eliminar los obstáculos que sufren las ONG de base, como los requisitos de elegibilidad y cofinanciación, así como la sobrecargas burocrática de informes. Esto podría lograrse mediante el uso de organismos intermediarios que podrían conceder fondos a ONG más pequeñas. La propuesta de la Comisión son embargo no contempla ningún tipo de interpretación más flexible del Reglamento financiero, que hasta la fecha se ha interpretado de forma restrictiva para excluir efectivamente a las organizaciones de base.
  • Los beneficiarios del IVE serían las ONG que trabajan para proteger y promover los valores establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. La dimensión del IVE equivaldría a la ayuda financiera que concede la UE a las ONG que promueven estos valores en terceros países. Esta cifra ronda los 2.000 millones de euros para un periodo de 7 años. La propuesta de la Comisión prevé un presupuesto de 641 millones de euros, que no se dedica exclusivamente a apoyar a las ONG, ya que está abierta a cualquier entidad jurídica (pública o privada) de los Estados miembros y a una amplio abanico de terceros países y organizaciones internacionales.

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