Rumanía pone en marcha la censura de Internet

El órgano administrativo rumano que regula el juego ha asumido la responsabilidad de la censura del acceso a sitios web por parte de los usuarios de Internet en el país.

El pasado junio entró en vigor una nueva ley en Rumanía que modifica la organización y el funcionamiento de los juegos de azar. A través de la nueva legislación, la Oficina Nacional de Juegos de azar (ONJN) asume el papel de control de la censura de Internet y de determinar qué sitios web podrán ser accesibles en Rumanía. Aprobada el 12 de junio, la Ley 124/2015 establece lo siguiente:

"[...] Los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas [...] están obligados a respetar las decisiones de la Comisión de Control de la ONJN sobre la restricción del acceso a las páginas web de los juegos de azar no autorizados en Rumanía*, así como las relativas a la publicidad de los juegos de azar organizados por un operador de juego que no tiene licencia en Rumanía".

El pasado 24 de junio, la ONJN adoptó sin debate público una decisión que fue publicada por primera vez en el sitio web de la institución sólo un mes después de su adopción, conforme a la cual los proveedores tienen la obligación no sólo de bloquear el acceso a algunos DNS de sitios alojados, sino también de redirigir a los usuarios a algunos sitios alojados por el Servicio Especial de Telecomunicaciones. A finales de julio, la ONJN ya había enviado un aviso a los proveedores de Internet instándoles a aplicar la decisión.

ApTI y otras 5 organizaciones no gubernamentales advirtieron a la ONJN el año pasado que las medidas proyectadas violan los derechos fundamentales, pero las instituciones ignoraron sencillamente nuestro mensaje, que incluía una propuesta de celebración de un debate público antes de adoptar la legislación pertinente. Hoy, la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos en Rumanía - Comité de Helsinki (APADOR-CH) envió una nueva propuesta a la ONJN, con la esperanza de que, al menos ahora, en el último momento, la institución entienda que no se trata de cuestiones meramente técnicas, sino de medidas que pueden tener efectos inesperados.

¿Qué significa la decisión de la ONJN?

Los proveedores de servicios de Internet estarán obligados a poner en práctica un sistema para filtrar sitios web, obligatorio para todos sus clientes. En lo fundamental, se convertirán en los censores de la información a la que los usuarios rumanos pueden acceder.

Por otra parte, el Servicio Especial de Telecomunicaciones (STS) será capaz de recoger todas las direcciones IP de los usuarios de Internet en Rumaía que traten de acceder a esos sitios.

¿Cuáles son los problemas?

1. Se establece la censura en Internet

2. El derecho a la vida privada es violado por la alteración de la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas

3. La interceptación de las transmisiones de datos electrónicos es un delito

4. El bloqueo del acceso a DNS crea una serie de problemas técnicos indirectos para la seguridad informática

5. Tales medidas son innecesarias y se pueden sortear fácilmente

1. Se establece la censura en internet

De acuerdo con la Directiva de la Unión Europea sobre las comunicaciones electrónicas, los Estados miembros no pueden bloquear o limitar abusivamente el acceso a Internet.

El problema fundamental es que el bloqueo de sitios web a través del proveedor de Internet es una medida de censura de contenidos en Internet, que plantea graves problemas en materia de derechos humanos en general y de la libertad de expresión en particular.

Tanto la Internet como los sitios web son ampliamente reconocidos como medios de comunicación de masas; de esta suerte, el bloqueo del acceso a los mismos arbitrariamente viola probablemente el artículo 30 de la Constitución rumana, cuyo parágrafo (2) establece que "cualquier censura está prohibida", y el parágrafo (4): "No se puede suprimir ninguna publicación."

El hecho de que una autoridad administrativa, y no un tribunal, pueda decidir, sin posibilidad de apelación, que un sitio en particular no puede ser libremente accesible por parte de los usuarios, plantea cuestiones relativas a la constitucionalidad de la decisión.

El relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, explicó a este respecto que "las medidas de bloqueo son un medio innecesario y desproporcionados de alcanzar los objetivos declarados".

Por otra parte, la aplicación de un sistema de bloqueo de este tipo a través de los proveedores de Internet significa que asistimos a la creación y la puesta en práctica de una serie de herramientas de censura que se pueden extender fácilmente a otras áreas. Una vez que aceptemos el bloqueo de Internet y una vez que hay un sistema para aplicar este tipo de decisiones, veremos cómo cada vez más gente pide que se censuren cada vez más cosas.

Por ejemplo,el bloqueo del acceso a sitios web se aprobó inicialmente en Italia con el fin de impedir el acceso a los juegos de azar no autorizados en Internet. A pesar de estas intenciones iniciales, hoy vemos cómo se usa la censura en Internet en Italia para muchos otros propósitos, por parte de múltiples agencias, ya cuenten o no con las protecciones exigidas por el Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales.

2. El derecho a la vida privada es violado por la alteración de la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas

Los proveedores de servicios de Internet tienen la obligación de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas, que sólo deben mediar técnicamente.

Cuando tienen que bloquear el acceso y redirigir a los usuarios, los proveedores de Internet tienen que intervenir en la comunicación entre el usuario de Internet y el sitio en cuestión, y redirigir a los usuarios, sin previo aviso, a otro sitio web, en este caso un sitio gestionado por una institución militarizada.

De esta suerte, el ISP transmite al STS todos los datos de tráfico que puede identificar a un usuario de Internet, en violación del art. 4 de la Ley 506/2004 sobre la privacidad en las comunicaciones electrónicas, y de la Ley 677/2001 mediante el envío de datos personales (como es el caso de las direcciones IP) a terceros sin informar al usuario o sin su consentimiento.

De acuerdo con el principio de jerarquía de los actos normativos, una orden de una autoridad administrativa no puede violar las disposiciones obligatorias de la ley ni violar los derechos fundamentales.

3. La intercepción de las transmisiones de datos electrónicos

La interceptación de las transmisiones de datos electrónicos es un delito en virtud del art. 361 del nuevo Código Penal. La criminalización de tales actos se impone por el hecho de que esaactividad es en la práctica una alteración del correcto funcionamiento de los sistemas y redes de información.

Por lo tanto, la ONJN parece obligar a los ISP a operar de una manera manifiestamente ilícita, aprovechándose de un marco jurídico unificado. Si cualquier otra persona o entidad cometieran exactamente las mismas acciones que las dispuestas por la ONJN, sin duda tendría que enfrentarse a cargos recogidos en el código penal rumano.

4. El bloqueo del acceso a DNS crea una serie de problemas técnicos indirectos para la seguridad informática

Según estudios publicados por el ICANN, la principal autoridad que administra los recursos de Internet, el bloqueo de sitios web y en particular el bloqueo de los DNS impiden la aplicación de mecanismos destinados a asegurar los DNS (DNSSEC), que son esenciales para el buen funcionamiento de la Internet.

5. Tales medidas son innecesarias y se pueden sortear fácilmente

Como cualquier medida destinada a la censura de Internet, las medidas propuestas por la ONJN son innecesarias desde el punto de vista técnico y pueden ser fácilmente sorteadas por cualquier usuario de Internet que puede utilizar cualquier motor de búsqueda para encontrar información sobre OpenDNS, DNS alternativo, Google DNS, VPN, Tor u otras cosas similares.

Sin embargo, las medidas de la ONJN crearán una infraestructura para censurar el contenido de Internet, que es probable que sea utilizada por terceros para otros fines (véase, por ejemplo, las recientes medidas de bloqueo de contenidos de Internet en Portugal por presuntas violaciónes de los derechos de autor).