"Esta es una sentencia histórica y muy importante para nuestros clientes, para las más de 4.700 personas que figuraban en el archivo, para todas las personas romanís y para la sociedad en general. El tribunal de apelación ha comprendido y aclarado la problemática, ahora la responsabilidad es de la policía y de otras autoridades, tienen que trabajar activamente para prevenir el uso de perfiles étnicos y la discriminación de las personas romanís y de otras minorías étnicas en sus operaciones", afirma John Stauffer, director jurídico de Civil Rights Defenders.

"Acabo de decirle al fotógrafo que estoy tratando de contener las lágrimas, pero son lágrimas de alegría", dice Fred Taikon, una de las personas que figuraban en el archivo policial.

Es hora de avanzar y mirar hacia el futuro

Civil Rights Defenders ganó el caso contra el Estado en el Tribunal de Distrito de Estocolmo el 10 de junio de 2016. El Estado, representado por el canciller de Justicia, fue condenado por discriminación étnica en virtud de la ley que regula el tratamiento de datos personales por la policía, y a pagar una indemnización de 30.000 SEK (unos 3.000 euros) a cada una de las 11 personas en el caso.

"Con la sentencia del tribunal de apelaciones, que llegó a la misma conclusión, nuestros clientes esperan poder dejar esto atrás. Se han visto muy negativamente afectados por el hecho de que el Estado decidiera recurrir la sentencia ante el tribunal de distrito. Ahora tenemos que seguir adelante y mirar hacia el futuro", señala John Stauffer.

La sentencia, si no la recurren ante el Tribunal Supremo, entrará en vigor en tres semanas.

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