Tecnología y Derechos

El nuevo alcalde de Madrid suprimirá el protocolo contra las identificaciones policiales discriminatorias

El protocolo de Identificaciones Policiales Eficaces (PIPE) será eliminado por el nuevo gobierno municipal de Madrid del Partido Popular, en el poder con los apoyos de Ciudadanos y la formación de ultraderecha Vox.

by Youssef Ouled
Image Source: brigadasvecinales.org

El protocolo de Identificaciones Policiales Eficaces (PIPE) cuya eliminación ha sido anunciada por el nuevo gobierno municipal del Partido Popular en el poder con los apoyos de Ciudadanos y la formación de ultraderecha Vox, fue implementada en el distrito de Ciudad Lineal y tenía entre sus fines acabar con la discriminación en las identificaciones policiales. Durante siete meses ha permanecido en fase piloto (noviembre-mayo) con la intención de extenderse a los demás distritos de Madrid.

Tenía 20 años y me encontraba trabajando de buzoneo en el sur de Madrid cuando la policía me dio el alto alegando “movimientos sospechosos”. Desde el principio, debido a experiencias anteriores, entendí que lo que era sospechoso eran mis rasgos. Me pidieron sin motivo alguno que me identificara. Vacié la mochila en la que cargaba centenares de folletos publicitarios, vacié mis bolsillos y les entregué mi DNI. Entendí la situación una vez trataron de justificarse: “Hay rumanos y gitanos que aprovechan el buzoneo para robar en los domicilios”, comentaron. Sentí mucha impotencia y humillación, con el pensamiento de que de ser rumano o gitano, me habrían dicho lo mismo sobre los magrebíes.

No existen indicios razonables para justificar las identificaciones

Ésta actuación policial se enmarca dentro de lo que se conoce como las paradas por perfil racial, según la cual los agentes de policía te paran e identifican para que demuestres tu inocencia, no porque tengan indicios razonables de que hayas cometido un delito o porque hayas sido sorprendido en su comisión, convirtiendo tu cuerpo en portador de una sospecha continua. El propio Defensor del Pueblo ha recomendado la intervención gubernamental para acabar con el uso de estos perfiles. Sobre el tema también se ha pronunciado la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia y la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, así como el Comité para la Eliminación para la Discriminación Racial de Naciones Unidas instando en repetidas ocasiones a España a acabar con esta práctica discriminatoria.

Los perfiles raciales deslegitiman a la policía y perjudican la convivencia

Una práctica que genera la pérdida de legitimidad de la institución policial y del Estado en buena parte de la población e incrementa la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, motivo por el que el anterior el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Policía Municipal, y en la colaboración de Open Society Justice Iniciative (OSJI) y Rights International Spain (RIS) puso en marcha el Programa de Identificaciones Policiales Eficaces (PIPE) tomando ejemplo de otros lugares como Puertollano y Albacete donde se desarrollan en la actualidad. Su implantación comenzó con resultados positivos en localidades como Fuenlabrada, Castellón o Girona. Un proceder importado de otros países europeos donde se ha demostrado que los formularios de identificación permiten erradicar las paradas injustificadas al obligar al agente a indicar el motivo y el origen étnico-racial de la persona parada.

El proyecto se basa en ejempos de otros países europeos

“A través del proyecto de Ciudad Lineal se puso en marcha en España una de las herramientas más prometedoras en la lucha contra el perfilado racial”, señala Isabelle Mamadou, experta en derechos humanos de poblaciones afrodescendientes, quien recuerda que durante la visita a España el año pasado del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU este organismo concluyó que las actuaciones policiales por perfil son “un problema endémico”. Ella participó en la elaboración del informe, por lo que considera que eliminar un proyecto que tiene por objeto prevenir la sobre-criminalización de personas racializadas por parte de agentes del Estado supone “un retroceso en la lucha contra el racismo institucional y una desmotivación de los agentes de la sociedad civil en la lucha contra la discriminación”.

Mamadou forma parte del Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente en España y junto a otros actores sociales ha participado en el desarrollo del PIPE en Ciudad Lineal.Conoce de primera mano las consecuencias de las paradas por perfil, en septiembre de 2017 se encontraba en el madrileño barrio de Lavapiés junto a otros representantes de diferentes organizaciones por los derechos humanos cuando fueron testigos de una identificación por perfil a varias personas negras y decidieron intervenir, recibiendo insultos sexistas y racistas por parte de los agentes de Policía Nacional. Decidieron denunciar a España ante la ONU. Ese día acudían a impartir una formación sobre el uso del perfil racial por parte de la policía.

Colaboración de la sociedad civil y la policía local

Los primeros pasos para poner en marcha el Programa de Identificaciones Policiales Eficaces de Ciudad Lineal se dieron en el mes de mayo del pasado año, el Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento junto a RIS y OSJI organizaron un seminario sobre “Policía comunitaria e identificaciones”, que juntó a diferentes cuerpos de policía en Europa que han utilizado o utilizan esta herramienta. Tras este encuentro, desde RIS se organizó un viaje a Northampton (Reino Unido) donde diferentes mandos de la Policía Municipal de Ciudad Lineal y representantes de colectivos madrileños conocieron de primera mano el trabajo de la policía metropolitana en la implementación del protocolo. Durante este viaje asistieron a diferentes acciones formativas relativas a la norma británica sobre identificaciones, supervisión y registro de datos. También pudieron acompañar a la policía británica en sus patrullajes y conocer los procedimientos de actuación.

El PIPE tiene como finalidad la mejora de los procedimientos de acción en esta materia y garantizar los derechos de una sociedad diversa mediante la implementación de formularios que deben rellenar los agentes durante su jornada y que permiten obtener datos sobre la forma en que se realizan las identificaciones en vía pública y carretera, para medir si se ejerce una presión desproporcionada sobre determinados grupos. Un programa que ha contado con la colaboración de la sociedad civil y la implicación de la policía local del distrito.

Los policías que participaron constatan la utilidad de la herramienta para luchar contra los perfiles raciales

En ese contexto RIS y OSJI organizaron a principios del presente año un taller en el que participaron vecinos y vecinas del distrito, organizaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal, en torno a las necesidades de la población afectada por las identificaciones, y su contribución al análisis y al debate sobre los datos extraídos del protocolo. En ese espacio de vinculación y búsqueda de un clima de confianza entre las partes, los colectivos valoraron la implementación del proyecto como un éxito pidiendo su expansión a todo Madrid y a otros cuerpos de policía. Los agentes que participaron abordaron la necesidad de romper con las resistencias presentes desde el inicio de su implementación, entendiendo la herramienta como una demanda social en la mejora de la convivencia y no como un mecanismo de control o sospecha sobre su trabajo. Todos demandaron nuevos espacios de trabajo común y diálogo con el fin de ser parte activa y para que su implantación no se limitara a una medida temporal, sino que se convirtiera en un modelo de seguridad continuo.

En esta línea se encuentra Mamadou, quien explica que iniciativas como esta representan una oportunidad para promover la confianza en las fuerzas del orden y mejorar la interacción entre policías y colectivos racializados porque “fomentan una cultura de buen trato y transparencia hacia las personas identificadas”. Destaca que una de las cuestiones más positivas del proyecto ha sido el trabajo coordinado con otros activistas, representantes de ONGs y agentes de policía dispuestos a dialogar y colaborar con la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos. Por todo ello, sostiene que la decisión tomada por el Ayuntamiento acabará por fomentar la impunidad de los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

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