El Comité de Helsinki de Bulgaria (BHC por sus siglas en inglés), miembro de Liberties, ha condenado a la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria (SANS) después de que se negara, por segunda vez, a proporcionar información pública, violando una sentencia del Tribunal Supremo Administrativo (SAC).

El caso plantea una serie de cuestiones preocupantes. ¿Está SANS por encima de la ley? ¿Cómo puede la agencia encargada de proteger al Estado búlgaro cumplir su deber de forma adecuada si viola las leyes nacionales? Asimismo, la SANS demuestra un desprecio total por el sistema legal establecido.

El caso

En 2014, básandose en la Ley de Acceso a la Información Pública, BHC solicitó la siguiente información a la SANS: el número de solicitudes presentadas a un tribunal por tanto las direcciones territoriales como las unidades territoriales independientes de la SANS en 2013 para el uso de métodos especiales de inteligencia (SIM); el número de solicitudes para el uso de SIM que aprobó el tribunal en 2013; y el número de personas que la SANS sometió a SIM con la aprobación del tribunal en 2013.

El presidente de la agencia tomó la decisión de no proporcionar esta información, alegando que era información clasificada. Además, argumentó que la difusión de la misma está prohibida en virtud de la Ley SIM.

La SANS afirma que la información está clasificada bajo el ítem 25 de la Lista de categorías de información clasificada como secreto oficial por la SANS, a saber: "La información utilizada en el proceso de coordinación e interacción con el poder judicial relacionada con actividades operativas y de búsqueda realizadas."

Según la legislación búlgara, la información estadística solicitada no se clasifica como secreta porque no contiene datos sobre casos individuales en los que esté trabajando la SANS. Al mismo tiempo, es importante que la sociedad búlgara esté informada sobre la actividad general de la agencia. Dos sentencias sucesivas del Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía (ACCS) y del SAC emitidas a final de 2015 obligaron a la agencia a proporcionar esta información. Sin embargo, la SANS se negó a ejecutar ninguna de las dos sentencias.

Contra los intereses del pueblo

Como resultado de esta negativa, BHC presentó una segunda denuncia, y nuevamente ganó el caso. Una vez más, la agencia tendrá que decidir si optará por desobedecer a los tribunales búlgaros y demostrarde nuevo que no obedece las leyes de la nación que debe defender.

"Resulta preocupante que una agencia subordinada al Consejo de Ministros y creada para proteger la seguridad nacional no obedezca sistemáticamente no solo la ley sino tampoco las sentencias de los tribunales. Con esta actuación la agencia se opone a los intereses de los ciudadanos privados de seguridad jurídica. Un Estado en el que existe una institución que se considera a sí misma por encima de la ley debería replantearse seriamente y cambiar su política a fin de restaurar el Estado de derecho", señaló Adela Kachaunova, abogada responsable del Programa Jurídico de BHC.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que la legislación búlgara no contiene suficientes garantías contra el riesgo de abuso inherente a cualquier sistema secreto de vigilancia. Bulgaria creó la Oficina Nacional de Control de Medios Especiales de Inteligencia en 2013 para ejecutar la sentencia del TEDH. Sin embargo, hace apenas unos días, los medios de comunicación informaron que los funcionarios de la SANS se negaron a proporcionar los documentos relacionados con los tres expedientes con solicitudes de información sobre el uso del SIM a miembros de la Oficina.