Las cosas han cambiado desde hace cinco meses. Un número significativo de agentes de la policía del Condado está desplegado en la aldea, un lastre para el presupuesto del Estado sin ninguna motivación real, aparte del potencial peligro planteado por los habitantes al campamento de la compañía estadounidense Chevron.
APADOR-CH publicó un informe ya en diciembre, tras una visita a Pungești. Señaló que las medidas de seguridad son desproporcionadas y violan varios derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos de la aldea.
En marzo de 2014, cuatro meses después del establecimiento de la zona especial de seguridad pública, el Defensor del Pueblo (el defensor rumano) también declaró que las medidas de seguridad contra ciudadanos eran desproporcionadas. Agregó que las medidas no fueron traídas a la atención de las autoridades locales y los ciudadanos. Por lo tanto, pidió que el Ministerio del Interior investigue la situación.
Sólo ahora ha comenzado el Ministerio del Interior a pensar en modificar la Orden Ministerial que permitió el establecimiento del asedio abusivo de Pungesti. Sin embargo, hasta que efectivamente se cambie este acto legislativo, la gente de Pungesti continuará viviendo un asedio inútil y abusivo, sólo por estar en desacuerdo con la exploración de gas de esquisto en sus tierras comunales.