El partido gobernante PiS está desesperado por que su candidato presidencial sea reelegido. Han valorado que el momento juega a su favor y quieren forzar las elecciones en medio de una pandemia. Pero la UE podría intervenir y ofrecer algo de esperanza.

Se debe tener muy presente que los derechos de las personas detenidas, reconocidos en el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal continúan plenamente vigentes y no pueden verse restringidos en modo alguno como consecuencia del estado de alarma.

La enorme conmoción causada por el coronavirus también debe llevarnos a valorar su impacto en nuestro sistema de garantías, derechos y libertades.

Algunos políticos difunden odio para distraernos de su mala gestión de COVID-19, con la esperanza de que nos entretengamos culpando a las minorías y no exijamos la atención médica y medidas sociales que deberían garantizarnos.

​La pandemia provocada por el coronavirus está poniendo a prueba los servicios sanitarios de los países que la están sufriendo. Una situación que ha obligado a adaptarse a gran velocidad a una crisis para la que no estábamos preparados.

Para superar la pandemia, todos debemos recibir la atención médica que sea necesaria, al margen de dónde vivamos. Sin embargo, el gobierno griego está impidiendo que esto sea posible para quienes viven en los campos de refugiados. No puede ser así.

En el primer mes del tercer gobierno liderado por SDS y Janez Janša, la Dirección de Comunicación del Gobierno ha asumido un papel central en la búsqueda de los sospechosos habituales del partido gobernante: las ONG, los medios y los periodistas.

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Se supone que nuestros representantes deben actuar a favor del bien común. Cuando saben que tienen que enfrentarse a periodistas independientes que les piden explicaciones, es más probable que tomen decisiones que pongan el bien común en el centro.

El Parlamento está a punto de otorgar poderes especiales al gobierno, por ello, la Liga Belga de Derechos Humanos ha enviado una carta abierta a los diputados y al gobierno para recordarles que el respeto de los DDHH y del Estado de derecho es vital.