La nueva Directiva de copyright amenaza gravemente la libertad de expresión

Las instituciones de la UE acuerdan una nueva normativa de derechos de autor poniendo fin a años de negociaciones. Pero ¿amenaza esta la libertad de expresión o implica el filtrado masivo de los contenidos?

Tras dos años y medio de acalorados debates, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE han llegado a un acuerdo sobre la Directiva de derechos de autor. Ha sido un proceso largo cuya votación final en el Parlamento Europeo no tendrá lugar hasta abril.

La modernización era inevitable, pero estos cambios amenazan la libertad de expresión

La modernización de la legislación de la UE en materia de derechos de autor era inevitable, algunas partes precisaban urgentemente ciertos cambios que eran importantes para los titulares de derechos, (artistas, editores y compañías discográficas...) así como para los usuarios (investigadores o personas que simplemente ven vídeos o leen noticias, etc). Los únicos que estaban de acuerdo con la anterior normativa eran las grandes empresas de Internet que ganan millones de euros gracuas al trabajo de otras personas. El Artículo 13 tenía por objeto obligar a los gigantes de Internet a llegar a acuerdos de licencia con los titulares de derechos de autor y a compartir los ingresos que obtienen del trabajo de otros. Un ejemplo de estas prácticas es la recopilación y visualización de artículos de terceros en Google y YouTube, que obtienen enormes beneficios de los vídeos que suben los usuarios.

La solución que ofreció la UE para resolver este desequilibrio económico solo satisfizo las expectativas de los titulares de los derechos. En vista de ello, otras partes afectadas, entre ellos académicos, la European Copyright Society, organizaciones de derechos humanos, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, usuarios individuales y varias asociaciones importantes que representan los intereses del sector creativo, enviaron cartas abiertas en las que pedían a los responsables de la UE que suspendieran o cancelaran estas negociaciones.

Para estas organizaciones, incluida Liberties, lo que resulta preocupante es la amenaza a la libertad de expresión. La propuesta de Artículo 13 obligaba a los proveedores de servicios de intercambio de contenidos a utilizar filtros masivos para evitar la más mínima posibilidad de infringir los derechos de autor. Quienes se oponen a esta solución técnica sostienen que los filtros de contenido automatizados no pueden diferenciar entre contenido legal e ilegal. Es decir, que las plataformas de Internet diseñarían un software que filtraría masivamente cualquier contenido que pudiera causarles problemas para evitar cualquier responsabilidad legal sobre contenido subido por los usuarios.

Los legisladores de la UE podrían haberlo hecho mucho mejor

Los filtros de contenidos no solo causan problemas. También nos preocupa la falta de garantías para proteger nuestros derechos fundamentales. Proteger la libertad de expresión es fundamental para evitar los requisitos de control y filtrado obligatorio. Además, los titulares de derechos y las plataformas deberían estar sujetos a responsabilidad legal si eliminan contenidos legítimos generados por los usuarios, y no solo por no eliminar el contenido que infrinja los derechos de autor. Las sanciones por la eliminación de contenidos legales obligarían a las plataformas de Internet a cambiar su actitud y consecuentemente los contenidos de los usuarios estarían mejor protegidos. También pedimos una cláusula que obligara a los gigantes de Internet a trabajar de forma transparente y a crear mecanismos jurídicos en toda la UE para resolver conflictos entre usuarios, titulares de derechos de autor y plataformas de Internet.

La UE podrían haber establecido un nuevo régimen de derechos de autor que se ajustara mejor a la tecnología existente y a la forma en que se han transformado los medios de comunicación. Podría haber sido una gran oportunidad para cambiar la ley de derechos de autor y reflexionar sobre lo que entendemos como uso privado y cuáles son las excepciones de cuándo y cómo se pueden utilizar contenidos sujetos a derechos de autor.

Sin embargo, el resultado final dista mucho de ser ideal. Aunque nos complace que se hayan incluido algunas salvaguardas, como las excepciones establecidas para la crítica, la caricatura, la parodia o el pastiche, lo que podría salvar memes y otras parodias, los problemas principales del artículo 13 no se han resuelto.

Las estrictas políticas de exención para las pequeñas empresas abocan a la eliminación general de contenidos.

Las pequeñas empresas y las start-ups no se libran de esta carga adicional. Se han establecido tres requisitos para las excepciones, pero no existe un solo proveedor de servicios de intercambio de contenidos de Internet cuyo servicio los cumpla, a menos que empiece su actividad desde cero hoy mismo. Los tres requisitos obligatorios para estar exentos de la ley implican haber estado menos de tres años funcionando, tener una facturación anual inferior a 10 millones de euros y menos de 5 millones de visitantes mensuales. E incluso las empresas que los cumplan deben demostrar que han hecho todo lo posible para evitar que se suban más contenidos, en caso de que se les notifique.

El mayor problema que observamos es que la Directiva cambiará el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios intermediarios sin considerar los posibles efectos secundarios y daños colaterales que conlleva la modificación. Aquellos que únicamente alojan contenido creado por otros serán responsables de posibles infracciones de los derechos de autor. Hasta ahora, a las plataformas de Internet se les notificaba cuando existía una infracción de copyright y debían retirar el contenido en cuestión para evitar responsabilidad legal. A partir de ahora, serán responsables de cualquier contenido subido por sus usuarios incluso aunque no tengan conocimiento de que infringe los derechos de autor. Para evitar posibles sanciones, estas empresas harán lo que haga falta, desde prefiltrado, monitoreo o vetar a ciertos usuarios. Es decir, eliminarán o filtrarán cualquier contenido que pueda implicar la más mínima posibilidad de infringir los derechos de autor, desde un niño de cinco años cantando una canción o un video de una protesta política con música de fondo protegida por derechos de autor.

¿Qué viene ahora?